Hace un año reinaba Patricia Bullrich imponiendo la violencia estatal, con el repudiado e ilegal protocolo para atacar personas en las calles; tal los casos del fotógrafo Pablo Grillo y jubilados golpeados brutalmente.
La anciana internada se recuperó de la paliza recibida, mientras que Grillo hasta hoy, sufre las consecuencias del impacto de un bomba de gas en su cabeza.
Horrendos procederes de cada miércoles con los jubilados y en otros casos de movilizaciones demandantes de justicia económica y social.
Por entonces la autoridad de la Procuraduría de Violencia Institucional denunció las situaciones y pidió investigar el accionar policial, hasta hoy indemne. El caso de Grillo parece perdido en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, con el silencio de la Fiscalía N°11 de dicho fuero. Ahora se supo del reclamo de camaristas de Casación, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar por otro ataque a un hombre de 75 años en octubre de 2025.
En medio de la lentitud de estos procesos sospechados de protección a funcionarios y efectivos policiales, seguimos soportando la violencia del Estado sin que desde el poder Judicial se definan sanciones correctivas. Prevalece el abuso del gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires.
Aun así desde la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal se ordenó reabrir la causa de octubre de 2025 y determinar responsabilidades penales de funcionarios y policías; apartando a los jueces protectores de los violentos. El juez Slokar calificó de “paradigma beligerante de combate” para el “efecto amedrentador” y así disciplinar a la sociedad, impidiendo el Derecho al debate infligiendo temor con ataque físico, a jubilados y solidarios que los acompañan en sus justos reclamos.
Hay que reactivar la Justicia leal a los Derechos en estos y otros casos de abuso gubernamental no exentos de delitos inadmisibles. No hay resistencia a la autoridad sino rechazo a la acción dictatorial.
