Finalmente la paradoja vuelve posarse en la imagen del gobierno nacional, más precisamente en la cartera de seguridad y violencia. Así lo definen algunos observadores que ahora, están sorprendidos a pesar de todo, de la novedad prevista para el 2 de abril.
Día en el que efectivos de la PSA. Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y agentes penitenciarios, se concentrarán frente al Edificio Centinela (sede central de la Gendarmería Nacional), en reclamo de mejoras salariales postergadas y afectadas causalmente por el proceso de ajuste impuesto por Javier Milei y respaldado entre otros funcionarios del gabinete, por la otrora ministra del área Patricia Bullrich.
La que potenció el mentado “protocolo” con violencia incluida e indisimulada; que determinara grandes movilizaciones de efectivos de dichas fuerzas y variados pertrechos, para reprimir similares en demanda de justicia en los diversos aspectos de la vida cotidiana de trabajadores activos y pasivos, tal llaman a los sufridos jubilados y pensionados.
Hoy Bullrich se desempeña como senadora nacional pero se ha mostrado interesada en cuestiones de la cartera que conduce, según dicen, la ministra Alejandra Monteoliva. En realidad la responsabilidad deviene del modelo salarial impuesto por Bullrich limitando por lo visto al extremo, lo que está motivando la reacción de los integrantes de las fuerzas utilizadas para la represión.
Cómo será de grave la situación económica de estos efectivos que decidieron, pro primera vez, movilizarse de manera integrada por intereses comunes relativos a la cuestión del bolsillo, los consumos y las consecuentes limitaciones que han afectado al común denominador de las personas en la Argentina.
Así se van erosionando las bases de un modelo claramente retrógrado, que nuevamente pone en la vidriera la memoria relacionada con el recordado 2001. Los efectos de la estrangulación económica con alto costo social, siempre terminan por generar desequilibrios devenidos de la auto defensa de quienes sufren por los efectos del modelo que en este caso, los ha obligado a reprimir violentamente a personas indefensas, menores y justificados demandantes de justicia.
Una crisis agravada por el desquicio impuesto en la obra social del sector, que ya debería haber sido definido por la lenta Justicia, aplicando los correctivos legales a los responsables del vaciamiento económico denunciado.
Hoy esos efectivos y sus familias están prácticamente sin cobertura médico asistencial por lo que denunciaron como “vaciamiento de la obra social … hoy liquidada”. Situación que recuerda el desempeña del ex ministro Luis Petri; indemne de investigación al parecer, o protegido al estilo gubernamental.
Otra de las versiones indica que en tiempos de Bullrich ministra, se mejoraron algunos sueldos del personal superior pero no a la gran mayoría de los efectivos, por lo cual, hoy la situación está a punto de convertirse en un reclamo público como ocurriera con sectores policiales de algunas provincias.
Los rumores también incluyen la queja o crítica a Monteoliva aludiéndose incapacidad para el mando que de todos modos, frente al conflicto en desarrollo, la solución no pasa por la rigurosidad conductiva sino por mejorar los salarios del personal de los sectores en estado de conflicto.
Una situación al parecer no exenta de problemas internistas en lo político, por la influencia de Karina Milei apoyada por Monteoliva, al parecer, en un enfrentamiento con la senadora Bullrich, de la ministra con el jefe de la Gendarmería Nacional.
Aplican la violencia represiva y luego se quejan por los efectos políticos de dichas acciones.
Restaría por referir que además de esta situación, la ministra Monteoliva está siendo, recién ahora, evaluada por sus antecedentes y el actual proceder falto de las condiciones para el cargo que ostenta por decisión política del presidente Milei; más la supuesta propuesta de Patricia Bullrich a favor de quien hoy no le demuestra simpatía política alguna.
