Usos indebidos de capitales públicos con fines determinados.
No es novedad pero sigue siendo gravísimo, que las rutas nacionales estén en estado absoluto de abandono con el peligro que ello significa para la vida humana; y para los productos transportados que son el resultado de la inversión de capital, del trabajo y de la producción.
Referencias conocidas e indiscutibles pero que los integrantes del gobierno nacional no tienen en cuenta y peor aún por ejemplo, usan los fondos para el manteamiento vial, buscando obtener beneficios indebidos con desvíos de capitales con fines predeterminados de obras, dispuestos en plazos fijos.
Es el núcleo de la denuncia efectuada por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, a partir del cargo entre otros, de “malversación de caudales públicos” que originalmente debieron invertirse en obras viales de la red nacional.
La acción ante la Justicia Federal involucra al ministro de Economía Luis Caputo, funcionarios directos y otros dependientes del Banco de la Nación Argentina y de la Dirección Nacional de Vialidad.
Media el Decreto N°976/01 referido al fideicomiso, señalando la denunciante hechos como retención y desvío de fondos con destino exclusivo al Sistema Vial Integrado.
Tolosa Paz considera la posibilidad por la que pide pronta investigación respecto de figuras delictivas como administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación agravada de caudales públicos y negociaciones incompatibles en el desempeño de la función pública.
Lo concreto y base de la denuncia es no menos de un billón de pesos desviado hacia cuentas plazos fijos y toma de títulos públicos, originalmente recaudos con el impuesto a los combustibles líquidos y el específico fin de las obras referidas en materia vial en el país. En realidad dicha recaudación ascendió a unos $1,5 billón y sólo se habrían invertido $500 millones.
El informe agrega que mientras que desde el Ministerio de Economía se ejerce la autoridad aplicativa, en el Banco Nación se debe proceder como agente fiduciario responsable del manejo de cuenta corriente especial habilitada para dicha recaudación y posterior destino de las obras referidas.
Por ende al decidir inversiones ajenas a estos preceptos se incurre en los incumplimientos referidos con más el agravante de los efectos del deterioro de las rutas nacionales, atentatorios contra la seguridad del tránsito vehicular, y cuyas evidencias abundan en las estadísticas oficiales.
Un agravante demostrativo del incumplimiento de las obligaciones del caso, fue la versión del vocero presidencial Adrián Ravier que aseguró que ese dinero fue tulizado para “lograr el equilibrio fiscal”. “Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”.
Explicación que confirma la razón de la denuncia ante la Justicia Federal, desde la que fiscal y juez competentes debería tener presente de manera especial por constituir la prueba del reclamo por los delitos expresados en el expediente.
Una vez desde el gobierno nacional se acepta el mal uso de los recursos económicos para intentar maquillar el desastre económico, exhibiendo una especie de “equilibrio fiscal” inexistente, si se consideran los continuos endeudamientos en los que interviene el gobierno nacional, precisamente, a través del Ministerio de Economía, desde donde se desprecian preceptos legales con apoyo indisimulado del presidente de la Nación.
