No es la primera vez, es otra vez. Intentan militarizar situaciones sociales internas, que son competencia de la policía y el del poder Judicial.
Dicho por la diferencia entre seguridad y defensa nacional, en casos que desde la Casa Rosada califican de “terrorismo” al reclamo social con marchas o huelgas previstas en la Constitución Nacional; delitos diversos o incluso de narcotráfico.
La defensa nacional debe ejercerla la fuerza armada militarizada, y no habilitarla para casos internos. No es tiempo de dictadura cívico militar o acaso, ¿es lo que pretenden imponer para controlar al común denominador, sufriente por las políticas sociales y economicistas del gobierno nacional?
Garantizar la seguridad no implica violar los Derechos Humanos. El delito, debe ser repelido y controlado por la fuerza policial con participación judicial y de ninguna manera, con las fuerzas armadas actuando de hecho; con el autoritarismo de los funcionarios.
Hay antecedentes lamentables cada miércoles frente al Congreso, no contra terroristas foráneos o internos, sino contra simples ciudadanos en su mayoría jubilados. El orden público debe ser parte de la convivencia, nunca impuesto con las arma de la Nación contra la sociedad.
Las armas son para la defensa nacional y salvo situaciones extremas, que sean el último recurso. La guerra es horrorosa, no construye provoca la destrucción. Veamos las políticas históricas de los EEUU en diversas regiones del Mundo.
Nunca inventar una guerra como hicieron los dictadores, en un país en el que debe imperar la seguridad como garantía del Estado de Derecho y/o del bienestar social a partir de la equidad.
Lo contrario es la incapacidad gobernante con políticas anti sociales, esclavizantes y el delictivo endeudamiento externo, so pretexto de situaciones que deberían corregirse, de corresponder realmente, con administración y responsabilidad, defendiendo la soberanía nacional en lugar de entregarla al renovado poder amenazante.
