En el Centro de Convenciones Domuyo se desarrolló el encuentro en el que participaron el gobernador Rolando Figueroa, la ministra de Educación, Soledad Martínez; el presidente de Fecene, Mauricio Uribe, el presidente de la Asociación de Industriales de Neuquén (Adineu), Roberto Enriquez; el vicepresidente de la Cámara Patagónica de Empresas de Servicios Petroleros (Capespe), Carlos Pérez y el presidente de la filial Neuquén de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Giulio Retamal.
La reunión tuvo por finalidad formalizar un acuerdo mediante el que se establece un aporte total de $463.400.000 con destino al financiamiento del programa de becas Gregorio Álvarez.
Uribe refirió que “este aporte representa el compromiso del entramado empresarial que conforma Fecene con el desarrollo de nuestra provincia, convencidos de que la educación constituye una herramienta indispensable para construir un futuro con mayores oportunidades, crecimiento y equidad”.
“Queremos destacar especialmente la visión y el compromiso de nuestro gobernador Rolando Figueroa y su gestión, ya que viene impulsando políticas orientadas al fortalecimiento del sistema educativo, promoviendo la educación de calidad como uno de los pilares de desarrollo de Neuquén. Consideramos que este esfuerzo sostenido merece el acompañamiento del sector privado, entendiendo que articulaciones entre el Estado y las instituciones empresarias generan un impacto positivo y duradero en la comunidad”.
El aporte económico referido provino de tres de las cámaras que integran Fecene y otras dos harán lo propio en breve.
Asimismo destacó que desde la Fecene “reafirmamos nuestra vocación de continuar trabajando junto al gobernador en iniciativas que contribuyan al crecimiento sostenible de Neuquén, fortaleciendo el vínculo entre el sector privado y el público”.
El informe agrega que: Actualmente, la provincia de Neuquén cuenta con 20.220 beneficiarios. Esto incluye los niveles educativos obligatorios (Inicial, Primario y Secundario), Terciario y Universitario, y de terminalidad secundaria. Se trata de una política pública del Gobierno provincial que fue reconocida por la organización de las Naciones Unidas UNESCO, como único programa que se articula desde una provincia argentina.
