La inmoralidad es otra incapacidad y afecta el proceder humanista. Es cruel, violenta y pasible de la sanción más elevada, para corregir el tremendo daño social.
El que aumentarían si esta vez prospera el presupuesto en este rubro, que sí debería atemperar efectos de las discapacidades. Que debería prever el acompañamiento en lo económico y por ende social.
Pero hoy intentan lo contrario para sumar más daño al de los jubilados, de la educación y las leyes que definen cómo administrar. Para eso también fueron votados y no sólo para negociar nuevas deudas amenazantes del bienestar, el patrimonio y la soberanía.
Sí fueron votados para proteger al ser humano y especialmente, a los que padecen la diversidad de discapacidades que soslayan.
Ellos creen que no la sufren pero la evidencian al proceder, que no es el de la gente de bien, que citan cual racistas empedernidos; y de la moral como si fueran ejemplo de integridad.
No lo son y lo demuestran con el ataque contra el espectro social. Tanto se preocupan por maquillarse ante el proceso electoral, cuando este tipo de políticas deberían ser las prioritarias de la mano con salarios dignos, servicios de educación adecuados, de salud, vivienda, federalismo económico y promoción de la dignidad sin exclusiones.
Ellos hicieron, hacen y quieren hacer lo contrario y nadie merece el castigo del Estado cuando no delinque.
En cambio los que mal proceden merecen el correctivo desde los poderes Legislativos y Judicial; por actos reñidos con la Constitución Nacional. La máxima referencia legislativa ante la que deben rendir cuentas de manera inmediata; y sin abusar del servicio inmoral de la injusticia.
Que no pase siquiera en una comisión en el Congreso Nacional, este y todos los proyectos atentatorios contra los Derechos que merecemos los humanos, por más que así lo exija el FMI, por culpa de los generadores de deudas inmorales e innecesarias.
