Uno de los pretextos expuesto para condicionar o coartar en gran parte el Derecho de Huelga, consagrado en la Constitución Nacional, fue el de la esencialidad de ciertos servicios.
Esencial indica el rol o la utilidad fundamental por ejemplo, orientado a la Educación o la asistencia sanitaria. Para que estos conceptos sean aplicables, antes, ese Estado a través del gobierno que lo administra debe garantizar todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras encargados de dichas prácticas.
Pero si ese gobierno responsable de aplicar todo el contenido de la ley y no sólo lo que satisfaga sus apetencias condicionantes, para evitar la huelga más que garantizar lo que desde la administración no se tiene en cuenta y deja que prevalezca para que se salve quién y cómo pueda.
Lo importante en este caso termina siendo evitar el ejercicio de la medida de fuerza ante la fuerza de las medidas del gobierno que recorta recursos para esa esencialidad. La que le reclaman a los trabajadores y trabajadoras para evitar su auto defensa con un paro de actividades.
Una esencialidad que depende de la fuerza del trabajo pero que no es respetada por el empleador. Un concepto que el gobierno viola cuando avanza para privatizar servicios públicos, como AySA (Agua y saneamiento Bs As).
Otro gran negocio a cambio de inversiones acotadas a la formalidad y no al verdadero servicio de ofrecer agua tratada garantizando salubridad.
Y si la privatizan repetirán las recetas arcaicas para liquidar los componentes del Estado al que odian y quieren destruir totalmente, para que prevalezcan los negocios privados perdiendo el factor esencial que le reclaman al personal, víctima por privación de igual criterio.
Hasta ahora no consta que prevean nuevas obras para ampliar la oferta de agua corriente en la capital del país y 26 partidos de la provincia de Buenos Aires. Algo que anuncia un negocio alejado de la mejora del servicio esencial como es la provisión de agua potable.
