Hay dos términos que giran en torno a las conductas de los integrantes del gobierno nacional y de quienes integramos la sociedad. Gobernabilidad y moral.
La primera supone equilibrio institucional para el desempeño de las autoridades electas y sus funcionarios políticos, en el marco de las normas legales devenidas de la Constitución Nacional. Lo que contradiga este concepto elemental, es pasible de consideración desestabilizadora, y que el gobierno no perjudique al Estado ni a la sociedad; y ésta, no vaya en contra de los preceptos establecidos en la Carta Magna.
Para evitar estas anomalías es imprescindible el equilibrio entre las acciones del gobierno y los Derechos de las personas.
Y la moral, otro término que reflotaran con el mensaje presidencial, es nada menos que la calidad humana evidenciada en las decisiones y acciones en el marco de la gobernabilidad.
De modo tal que a priori estas palabras están relacionadas en lo que debería ser una integración entre representantes y representados, más allá de las parcialidades partidarias. La moral debe tener un sustento fortalecido por las acciones representativas de los intereses de la sociedad organizada, que es la destinataria de los Derechos y estos, la garantía de acceso sin distinciones, siempre priorizando a la sociedad.
Un gobierno gestiona en función de dicha sociedad y no exclusivamente de sus partidarios, y menos aún para beneficio exclusivo de intereses corporativos con fines comerciales y económicos. La economía, que también debe estar al servicio del pueblo, es resultado de administración estatal responsable, inversiones empresarias, trabajo, producción y desarrollo.
Proceso que debe dejar beneficios para el Estado y la sociedad que representa, y por cierto para los poseedores del capital con fines productivos.
Conjugado todo, se genera riqueza y prosperidad para las partes. Temas sabidos pero que si se incumplen se quiebra el equilibrio, niega el fin de la gobernabilidad y evidencia la inmoralidad del dominio y abuso del poder.
