El ex senador, Edgardo Kueider, asociado a las políticas de Javier Milei recibió la sentencia de parte de la Justicia del Paraguay, bajo el cargo de “delito de contrabando en grado de tentativa” por portación de dinero.
En este caso se trató de U$S 200000, ₲640000 (guaraní) y cerca de $4000000 (argentinos) detectados; tras el intento de ingreso a ese país sin información previa sobre el dinero encontrado en una mochila.
Intervinieron autoridades del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay; determinando una pena de 2 años de prisión en cárcel; aunque la medida quedará en suspenso; al igual que para su pareja, Iara Guinsel, condenada a 1 año y 10 meses de prisión en igual condición.
Antes de dicha sentencia los mencionados estuvieron con “prisión domiciliaria” durante 18 meses en la capital del Paraguay, Asunción. Ese plazo de detención oficiaría como “crédito” para reducir la pena establecida en el juicio. De ser así, restarían cumplirse 6 meses y 4 meses respectivamente para los sentenciados originalmente detenidos el 4 de diciembre de 2024 previo al acceso a Ciudad del Este, en la “Pasarela de la Amistad”.
En parte de la sentencia se destaca: “Cuando una persona física transporta dinero físico extranjero a través de una frontera, no ingresa un valor abstracto ni una simple operación financiera. Introduce físicamente billetes, es decir bienes corporales muebles, perfectamente individualizable, susceptibles de transporte, ocultamiento, aprehensión, verificación e incautación”.
Además, Kueider está procesado en el Paraguay, por supuesta compra ilegal de 6 departamentos de lujo en la ciudad de Asunción.
En simultáneo en Argentina existe otro proceso judicial a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, bajo el cargo de “asociación o banda” por delitos diversos contra Edgardo Kueider y Daniel González, considerado o sospechado como testaferro del exsenador.
En este caso y de cumplirse la repatriación solicitada por la Justicia de Argentina, los mencionados podrían quedar detenidos por presunto de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otras calificaciones.
