Los dichos del presidente Javier Milei motivaron una denuncia judicial contra la ministra Alejandra Oliva y la senadora Patricia Bullrich.
La acción fue realizada por la abogada Valeria Carreras con el fin de que se investigue a las mencionadas por el cargo de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de denuncia, sin perjuicio de otra irregularidad emergente de la investigación; a partir de la versión sobre la expulsión de Argentina de “30000 terroristas” de nacionalidad extranjera.
además de cualquier otra figura que pueda surgir de la investigación.
Una denuncia judicial puso bajo la lupa las declaraciones de Bullrich Monteoliva.jpg sobre la supuesta expulsión de 30.000 “” extranjeros durante 2025 y 2026. La presentación fue realizada por la abogada, quien pidió investigar a la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y a su antecesora, Patricia Bullrich, por los delitos de
El pasado 27 de septiembre durante una entrevista a través de la LN+, Milei dio cuenta de la expulsión de “10 mil terroristas el año pasado” y de “20 mil” en 2026, agregando que eran personas que “se infiltran de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”.
La abogada Carreras solicita dicha investigación en razón de que en consulta previa ante la Dirección Nacional de Migraciones consta que 2025 se realizaron 772 expulsiones por delitos diversos ajenos a la calificación de “terrorismo”. Asimismo en este 2026 se procedió a expulsar 744 personas y a superar incidentes e impedir el ingreso a la Argentina en 18.947 casos, sin que existieran registros de contenido terrorista.
distintos delitos, sin que aparezcan identificadas causas vinculadas al terrorismo. Para 2026, con datos parciales, menciona expulsiones y unos incidentes de entrada o rechazos, ninguno de ellos catalogado oficialmente como terrorismo.
Asimismo Carreras pregunta “si las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación informaron o permitieron que se difundiera información falsa o exagerada sobre una amenaza superlativa de seguridad nacional”.
También requirió información relativa a eventuales relaciones con acciones de corte terrorista en el Registro Público de Personas y Entidades, como así también origen de supuesto financiamiento en el marco de lo dispuesto la Ley de Migraciones.
En el requerimiento se incluye informar las nacionalidades, las fechas de las expulsiones y las resoluciones administrativas de estilo.
Además a la autoridad del Ministerio de Seguridad le exige “todos los informes, memorandos o comunicaciones internas sobre ‘terroristas deportados’ o amenazas de infiltración para ‘dinamitar el modelo argentino’”, como así también respaldo documental de los dichos del presidente.
Se incluye en el pedido de información, a las autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al fuero Federal sobre la cantidad de denuncias, imputaciones, procesamientos y condenas durante el período antes indicado.
Para el caso de que sean verdaderas las informaciones que motivaron la denuncia, Carreras considera que “Estaríamos ante el reconocimiento público de que en menos de dos años ingresaron y debieron ser expulsados 30.000 terroristas, lo que demostraría la inexistencia de una política de Estado efectiva para prevenir, detectar y contener el crecimiento de esta amenaza. La situación resulta inadmisible y exige una investigación seria y urgente”.
Atento lo expresado públicamente por el presidente Milei, se proceda a la inmediata verificación del caso por “la gravedad institucional de la afirmación pública de la existencia de 30.000 terroristas en el país” y fue “un error, una exageración o una ocultación de información de seguridad nacional”.
