La injusticia social es un modelo que ha ganado diversas regiones del mundo desde tiempos lejanos mucho antes de la industrialización productiva y con parte de la automatización de tareas, los operarios quedaron sujetos a diversas rutinas según los rubros laborales.
Si bien hubo avances que en parte redujeron el esfuerzo humano, el modelo dominante prevalece aún hoy, en zonas rurales (cosechas o limpiezas) y urbanas (como la actividad textil) mediante el llamado “trabajo esclavo. Durante varias décadas este tipo de situaciones se fueron identificando y corrigiendo pero el abuso laboral se fue dando con otras estrategias, para evadir convenios y registros de personal.
No es ni fue culpa del trabajador sino del empleador que generalmente, a pesar de su obligación, alega que el dependiente laboral opta por evitar descuentos y aportes obligatorios de ley.
Evasiones que luego afectan sistemas previsionales y de cobertura médico asistencial del trabajador(a y familiares directos, dando lugar al criterio despreciativo del sistema solidario.
Es un proceso de deshumanización que el gobierno nacional actual, ha logrado consolidar con llamada “modernización laboral” que libera diversas modalidades que afectan derechos laborales y consecuentes de la prestación de servicios, en un marco de pauperización creciente.
La sanción de dicha ley que el Ejecutivo Nacional lograra con un especial poder convincente con los legisladores; tuvo un freno suspensivo fallo judicial mediante, apelado con respuesta favorable de la Cámara del Trabajo, que suspendió la suspensión de la aplicación.
Más de 80 artículos para el análisis recuperándose los Derechos afectados, volvieron a la vigencia con la argucia política. Componentes para las estrategias concentradoras de la riqueza de grandes empresarios, limitación del sueldo y mesas paritarias; causantes de la inequidad que mal reparte ganancias en pocas manos a costa del sacrificio de la mayoría laboral.
