Finalmente tras numerosas especulaciones y críticas absolutamente politizadas, la recuperación de YPF, para la mayoría accionaria a favor del odiado Estado; fue ratificado por el servicio de Justicia de los EEUU.
Una segunda instancia que reconoce que el procedimiento aplicado por el gobierno nacional no tuvo vicios de procedimiento. Reconocieron que se ajustaron a Derecho en base a las leyes, y a la Constitución Nacional de la Argentina.
Ningún reglamento empresario o similar no debe superponerse a esas normas legales definitorias para la sentencia justa. Lo que fuera el rechazo al intento buitre por más de U$S16000 millones de la empresa que hoy lidera el desarrollo hidrocarburífero en el Neuquén; YPF, ha logrado el reconocimiento mientras que quienes deseaban y pidieron el fracaso del proceso judicial, hoy se cuelgan del logro del equipo patrocinante originario.
El que a través de los gobiernos hasta la fecha, sostuvo el planteo encabezado por Cristina Fernández, dejando antipatías de lado por un momento al menos; defendiendo la corrección del procedimiento; y tras un primer fallo de la jueza “buitrera“ logró el resultado favorable a la Argentina.
Y no fue la estatización una “aventura suicida” del entonces gobierno nacional como dijo Milei, sino la decisión política de rescate para la soberanía energética hoy fortalecida. Demostrado con el fallo judicial y con el proceso anterior en base al extraordinario subsuelo neuquino gestionado para el actual proceso de monetización; con criterio desarrollista desde el Neuquén a la Argentina y al mundo.
Queda lo que podría incluir la apelación ante la Corte Suprema de los EEUU, pero habrá que ver si toman el caso, y de hacerlo, si se atreven a contradecir el proceso probatorio del derecho argentino, la potestad estatal y especialmente la Constitución de un país soberano que merece mantener su independencia; a pesar de los acuerdos a espaldas del Congreso Nacional.
