Tras diversas gestiones administrativas y judiciales efectuadas para que el gobierno nacional cumpla con las normas legales vigentes, dichas autoridades tienen plazo hasta el 3 de febrero de 2026; para materializar lo dispuesto en la norma legal con respaldo de la Justicia,
Escena devenida de las acciones del presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello, sin perjuicio de otros responsables; abusando de un poder claramente deshumanizado, negando la asistencia a apersonas protegidas por la incumplida Ley de Emergencia en Discapacidad.
El proceso que pareciera llegar a su fin, previo a la aplicación de merecidas sanciones legales, está en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que otorgó un plazo perentorio de 5 días hábiles para demostrar el acatamiento y cumplimiento de la sentencia, que en definitiva ordena que el 4 de febrero debe estar en plena vigencia dicha norma legal, sin más trámite ni apelaciones a las que se supone no hará a lugar.
Dicho plazo se cumple el 2 de febrero de 2026 no siendo motivo de mayor postergación la feria judicial, levantada por el juez, para el presente procedimiento disponiendo todos los fondos que demande la acción postergada por dichos funcionarios.
Asimismo Charvay confirmó que en caso de reiterada rebeldía, se aplicarán multas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Respaldan la acción judicial la Ley de Presupuesto que incluye estás obligaciones, tras rechazarse todas las medidas contrarias ejercidas por el presidente Milei alegando proteger el mentado y supuesto equilibrio fiscal que no contempla el tremendo endeudamiento generado por nuevos créditos otorgados de manera inentendible por el FMI y otras entidades, que hicieron y hacen caso omiso del estado de incapacidad de pago por parte del gobierno nacional, responsable del des manejo de las cuentas públicas.
Lo paradójico es que el mismo Poder ha resignado miles de millones de pesos al otorgar beneficios con quita de obligaciones impositivas y otras medidas dañinas para el fisco, reduciendo el impuesto a las Ganancias a grandes empresarios; reducción cuantitativa del pago por Bienes Personales, retenciones en el comercio de granos, reducción o quita de impuestos al comercio de automóviles y productos electrónicos.
Asimismo esperan la sanción de la llamada “reforma laboral”, que no lo es, para agregar quitas como las contribuciones patronales, eliminación del Impuesto PAIS y del similar a la Transferencia de Inmuebles.
Una canasta de medidas que restan y restarían importantes ingresos económicos al Estado Nacional, contradiciendo el discurso del referido equilibrio fiscal, sostenido para sus números viciados de falsedad ideológica por las deudas no contabilizadas.
Claro está que hay plata para mejorar ganancias a los sectores de gran poder económico pero la niegan a los desposeídos como este caso lo refiere.
