Mientras que las llamas siguen siendo el peor enemigo de la naturaleza, especialmente en la Patagonia argentina, ahora también invadida con aterrizajes de aviones de los EEUU sin comunicación previa de la embajada de ese país, a los gobiernos de Tierra del Fuego y del Neuquén, Milei se desliga del flagelo ígneo.
El mismo presidente que no dudó en aplicar sus DNU contra los jubilados, contra el hospital Garrahan y sus pacientes infantiles y el sistema universitario estatal, entre otros sectores, en lugar de utilizar esa norma justificadamente en prevención y defensa de los bosques patagónicos, le ordenó a sus allegados políticos que analicen el tema.
Mientras tanto las horas y los días favorecen las destrucciones cuyas reparaciones demandarán décadas ante una pérdida invalorable más allá de la cotización que intenten desde el INDEC. Evaluación que como de costumbre, estaría fuera de foco respecto de costos y valores reales de los bienes.
Lo concretamente tardío demostrativo del desinterés por dichas riquezas por parte del gobierno nacional, queda nuevamente en manos de los que nada saben de la temática, y menos de las realidades distantes a miles de kilómetros de la Casa Rosada, del ministerio de Economía y del Congreso Nacional.
El tema queda entonces a consideración de funcionarios como Karina Milei, Martín Menem, Manuel Adorni, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Diego Santilli y tal vez algún otro.
La llamada “mesa política” que deberá definir cuál sería el modo de enfrentar el desastre, de qué modo y con cuantos más ejemplos para que Milei declare la “Emergencia ígnea”: DE allí que se supone que el DNU es la norma directa e inmediata para que la burocracia permita aportar los dineros postergados por suspensión de inversiones estatales con destino a la cosa pública.
Sin perjuicio de esta consideración básica de parte de OP: no sería extraño que envíen un proyecto de ley para que lo trate el Congreso Nacional mientras se terminan de quemas miles de hectáreas de bosques nativos y otras variantes.
Sobre el cierre de esta nota trascendí la posibilidad de que el Poder Ejecutivo disponga de una partida de $ 100.000 millones a distribuir, trámites mediantes, desde la Agencia Federal de Emergencias del ministerio de Seguridad, que ahora maneja la también “mano dura” contra pobres, estudiantes, enfermos y jubilados” Alejandra Monteoliva.
