El panorama laboral y comercial en Argentina, no tiene antecedentes alentadores si no que por el contrario, la estadística demuestra los efectos negativos de la aplicación de políticas restrictivas de parte del gobierno nacional.
Incluso en el intento de tapar esa realidad generada durante 2025, en los primeros días de enero del 2026, versiones oficiales destacan una situación irreal que contrasta con las notorias bajas en actividades de sectores comerciales y de los llamados servicios profesionales.
Este último es un término (servicios profesionales) que se debería traducir para el común denominador y evitar malas interpretaciones y claras especulaciones; como relaciones laborales, trabajo remunerado o relación de dependencia; que también sabemos ha sido desnaturalizada por la falta de registros para evitar el pago de obligaciones previsionales y de la cobertura médico asistencial.
Factor determinante para el equilibrio del sistema jubilatorio y para el trabajador/trabajadora cumplido los requisitos acceda al beneficio en tiempo y forma. Incluso mejorando la calidad económica con haberes acordes a las necesidades generadas por el otro factor agresivo, llamado mercado de consumo, en casos especulador hermanado con políticas de ajuste social.
Lo concreto es que según datos oficiales, se han producido entre 2024 y 2025 pérdidas de puestos laborales registrados por un número de entre 270000 y 280000. Así lo informaron a través del Sistema Integrado Previsional Argentino y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Dos entidades que conforman parte de la estructura del Estado nacional y por ende suministran datos considerados “oficiales”.
Uno de los factores centrales de la pérdida de espacios laborales fue la caída del consumo por la falta de dinero en general, devenida de bajos salarios y precios a la suba por cuestiones inflacionarias y también especulativas de parte de las grandes empresas que dominan dicho mercado.
El otro aspecto generador del avance de la desocupación laboral y sus graves consecuencias sociales, fue el retiro del estado como desarrollador de la obra pública, a partir de restricciones presupuestarias y lograr números para la obtención del mentado pero irreal déficit fiscal.
Irreal porque generan números ficticios que no consideran costos y pérdidas hermanadas por la baja productiva; como parte del círculo vicioso motivador de los registros laborales a la baja antes citados.
La economía de base o bolsillo popular así lo demuestra con la reducción del consumo y la opción por menos calidad de productos.
Vale destacar que la falta de inversiones en obras públicas ha generado un panorama que evidencia la degradación de los servicios del Estado y de las infraestructuras existentes, tal caso de las rutas del país, con un deterioro imposible de ocultar y silenciado o soslayado por las autoridades nacionales. La inseguridad o riesgo vial ha llegado a niveles de alarma.
A lo expuesto se agrega que la información provista desde el Centro de Economía Política Argentina, es también determinante en cuanto a datos de cierres de espacios productivos o de servicios y la consecuente resultante de la pérdida de la oferta laboral sumándose a la innegable desocupación.
No menos de 20.000 firmas de diversos niveles desaparecieron de la escena productiva o comercial evidenciando los efectos de las políticas regresivas y el agravamiento social existente. El empobrecimiento es mucho más evidente e impactante que lo relejado a través del INDEC que incluso ha sido modificado en su composición para al menos, desde enero de 2026 no resultar tan absurdo ante las realidades económicas, financieras, laborales y por ende sociales. No obstante según la información oficial, da cuenta que desde este año se establecerán datos estadísticos en base a componentes registrados en 2018 con lo cual, tampoco tendremos el reflejo de la realidad inmediata anterior a cada mes informado.
La precariedad provocada por los procesos degradantes políticos y económicos que terminaron dañando el tejido social; ha sumado una mayor búsqueda de alternativas laborales y económicas, dando lugar al aumento de los monotributistas que intentan esa vía al menos, para no caer en la informalidad laboral absoluta. Claro que si no hay generación de riqueza equilibrada y generalizada, esa búsqueda individual de trabajo es dificultosa ante la falta de ingresos estables, consumo de bienes y de servicios.
En un escenario de crisis como el que exhibe la realidad, hay tendencia a naturalizar la precariedad y con ello, aceptar sin mayores defensas la pérdida de calidad de vida.
Un dato que evidencia la crítica situación social es el incremento de subsidios sociales para intentar eventuales desbordes, que la memoria colectiva podría comparar con el estallido de 2001.
En este sentido no es menos importante como factor dañino de la producción nacional y la necesidad de ocupar mano de obra; es el proceso de la importación de productos diversos, que no sólo afecta el sector laboral, sino la vida empresarial de aquellos que no tienen los recursos para sumarse al comercio de la compra y venta. Un modelo que saturaría el mercado por falta de ventas compensatorias ante un consumo marcadamente a la baja, por la pérdida del poder adquisitivo primero, y por la indisponibilidad de ingresos económicos para el sustento personal, familiar y de hecho, con la demanda también en retroceso.
Un estado de situación que en Argentina, y otros países condicionados con políticas neoliberales; favorecedoras de pequeños sectores de gran poder económico; afectan a la clase media y multiplican los estratos sociales avenidos a un empobrecimiento riguroso, del que resulta muy complejo y generalmente salir, del conocido círculo vicioso opuesto a la virtuosidad de un economía equilibrada, equitativa, ajustada a Derecho y renovable sin exclusiones sociales.
