La KGB soviética que oficiara hasta 1991 como el “Comité para la Seguridad del Estado” fue la agencia de inteligencia y policía secreta de la Unión Soviética. Las SS (camisas negras) fueron el “Escuadrón de Protección” de Adolfo Hitler y luego la policía del partido nazi.
Recordemos para la actualidad organizaciones de inteligencia y espionaje variado al Mossad, al FBI, la CIA, el M16, DGSE, ASIS y otras del mundo.
Ambas sin perjuicio de otras como la Cheka, NKVD, Stasi y Securitate; fueron fuerzas de acción directa en las sociedades del comunismo y del nazismo, exhibiendo éste la más difundida, como Gestapo, cuyo operar policial luego fue conducido por la SS.
Sectores de especializada acción de inteligencia violadores de toda garantía respecto de los conocidos Derechos Humanos, que actualmente en Argentina, junto al concepto de “justicia Social” son repudiados por las autoridades del gobierno nacional y los activistas auto definidos libertarios, tal el caso de “Las fuerzas del cielo”; con cuyas conductas en casos, tomaron modelos de las viejas organizaciones antes referidas.
Este recordatorio previo fue motivado por la novedad impuesta por DNU del presidente Javier Milei, en cuanto a que la SIDE, bajo la conducción de Cristian Auguadra, que a su vez depende de Santiago Caputo; pase a ser lo que se consideró desde diversos sectores, como una “policía secreta”. Herramienta política del gobierno que advierte sobre los procederes de estos sectores estatales interviniendo de manera ilegal en la vida privada del ciudadano/a a espaldas del Estado de Derecho.
Al igual que en la etapa anterior respecto de la SIDE, el presidente Milei dispuso los cambios por decreto, eludiendo una vez más la necesaria y legal intervención del Congreso Nacional para garantizar la legalidad institucional.
Ahora se entiende el porqué, antes de la vigencia de estos cambios; de haberle otorgado una ampliación millonaria del presupuesto a la SIDE.
El máximo mandatario nacional por decisión personal empodera a los agentes de inteligencia para actuar en la vida de los argentinos sin ningún tipo de limitaciones ni cuidados del Derecho Humano, liberando acciones para la herramienta de detención, persecución y terror usadas por las dictaduras conocidas.
La ley prohíbe la detención de personas sin causa justificada o sin orden judicial. La ley prohíbe la inteligencia interna pero dicho DNU de Milei, la impone de manera llamativa. Así como ampliaron el financiamiento a la SIDE antes del DNU, ¿esta habilitación operativa respondería a diversas acciones anti democráticas e ilegales premeditadas como complemento de la represión social ante el reclam popular?
Otro aspecto llamativo es la exigencia de que las autoridades de los organismos del Estado, deberán disponer también normativas de “contrainteligencia”; permitiendo inferir que dichos funcionarios también pueden ser espiados ilegalmente o tal vez, para que cada uno espié a su personal.
Desde el Gobierno nacional refirieron que dicha decisión venera “los más altos estándares democráticos”. Consideración que desde otros sectores advierten sobre el peligro para las libertades individuales ante la creación de lo que evidencia una especie de “policía secreta” bajo el mando del presidente.
El decreto de necesidad y urgencia que rige desde el viernes 2 de enero de 2026, refiere entre otros aspectos que “El objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI”.
Agregan que “Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la inteligencia nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad”. No obstante alegan según versiones que las entidades del sector “no podrán cumplir funciones policiales ni de investigación judicial o criminal” y “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas”. Por ende, por ejemplo, los agentes de la SIDE podrán detener personas según se les ocurra al desempeñar “actividades de inteligencia” sin previa la orden judicial.
Además las suposiciones encuentran respaldo al leerse que la autoridad competente de la SIDE “podrá requerir la asistencia y/o apoyo técnico y/o logístico de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad y policiales cuando resulte necesario”.
Entre los cambios impuestos por el DNU de Javier Milei, también surge que los policías encubiertos o similares deberían “evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos”.
En este apartado aparecen parte de las razones expuestas anteriormente contemplando la orden de ejercer la “contra inteligencia” por parte de funcionarios de conducción de sectores del Estado Nacional; mediando “el desarrollo de medidas pasivas, tendientes a evitar el conocimiento de la propia situación por parte de los actores estratégicos estatales y no estatales”. Decisiones ejecutivas que “deberán ser adoptadas en todo el ámbito del sector público nacional bajo la responsabilidad de los titulares de los órganos y organismos que lo conforman”.
Ya se conocieron rechazos y acusaciones de ilegalidad de parte de representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); de la Central de Trabadores de Argentina (CTA), de legisladores nacionales de diversos partidos/bloques y de abogados especializados en la temática.
Así fue que refirieron la existencia de “peligrosa inconstitucionalidad”, posibilidades de detenciones ilegales, procedimientos secretos de vigilancia no autorizada, posible persecución política y social, abuso de autoridad para los cambios implementados con el DNU si justificaciones aplicables para la acción de inteligencia estatal, exceso en el otorgamiento de facultades extraordinarias al presidente de la Nación, comprometiendo la figura institucional con un modelo “neofascista”.
