Tal lo publicado desde OP el gobierno del Neuquén confirmó que tras varios meses de trabajo con autoridades de la provincia de Río Negro ante el gobierno nacional; se reconociera a partir de la potestad de los recursos hídricos, la generación hidroeléctrica y apliquen mejoras en los ingresos por las llamadas regalías (derechos), exista más control y más desarrollo para los habitantes de ambas provincias.
El informe destaca que el nuevo acuerdo en función de las represas del Comahue deviene de la “defensa firme y sostenida de los recursos, un paso decisivo para que la riqueza de la Patagonia se quede en la región y se convierta en futuro para las próximas generaciones”.
Los gobernadores Figueroa y Weretilneck coincidieron en que “Tras meses de trabajo conjunto, diálogo político y defensa constante de nuestros derechos, Río Negro y Neuquén plasmamos un acuerdo con el Gobierno Nacional para la licitación de la operación de los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Logramos que por fin se incorporen condiciones reclamadas por nuestras provincias desde hace más de 30 años. El agua es propiedad de los rionegrinos y neuquinos”.
“Este es un triunfo de la unidad norpatagónica, un paso decisivo en la defensa de nuestros recursos: nuestros ríos, la energía que producimos y el esfuerzo de nuestra gente. El nuevo marco concesional no solo corrige vacíos históricos, sino que fortalece el rol de las provincias como actores centrales en la gestión de los recursos estratégicos que generamos para el país”.
“Este acuerdo demuestra que cuando las provincias trabajamos en forma mancomunada, con firmeza y sin ceder en lo que nos corresponde, podemos transformar nuestros reclamos en hechos y beneficios concretos. La energía que generan nuestros ríos seguirá siendo motor de producción, empleo y desarrollo para nuestra gente. Con estas nuevas reglas, las represas del Comahue no solo seguirán produciendo electricidad: producen futuro para Río Negro, Neuquén y toda la Patagonia”.
Detalle de las novedades incorporadas para el cumplimiento a favor de las provincias:
- Precio de la energía en dólares: el valor de la energía vendida a Cammesa se establece en dólares estadounidenses, otorgando mayor previsibilidad a los ingresos provinciales y mejor estabilidad para proyectar inversiones y facilitar financiamientos.
- Porcentaje creciente de energía de libre disponibilidad: los nuevos contratos prevén que las concesionarias dispongan de una proporción cada vez mayor de energía para su comercialización en el mercado, lo que incrementará año a año, de forma directa, los ingresos por regalías hidroeléctricas y cánones que perciben las provincias.
- Regalías sobre el total de ingresos: las regalías se calcularán tomando en cuenta la totalidad de los ingresos de las concesionarias, eliminando las ambigüedades que presentaba el esquema actual e incorporando conceptos de cobro que antes se excluían. Es decir, se incluyen el reconocimiento de la totalidad de los conceptos de ingresos en las liquidaciones (a.- potencia disponibilidad real, b.- potencia base en horas de requerimiento, c.- energía operada y d.- regulación de frecuencia que antes solo se abonaban a los concesionarios).
- Cobro de regalías en especie: las provincias podrán optar por percibir la totalidad de sus regalías en energía eléctrica de forma física, con la posibilidad de destinarla al consumo dentro de la provincia o revenderla en el mercado o promocionar actividades productivas.
- Reconocimiento de la obligación de los concesionarios de obtener información hidrometeorológica de las cuencas y contribuir al financiamiento de la misma.
- Canon por uso de agua: el mayor éxito logrado es que se incorpora un canon a favor de Río Negro y Neuquén por el uso del recurso hídrico, inexistente en las condiciones actuales, que representará un nuevo e importante ingreso para ambas provincias y su reconocimiento.
- Fondos para obras de protección: un porcentaje de los ingresos que perciba la Nación por la licitación se destinará a obras definidas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) con la intervención y definición de las provincias.
- Obras de seguridad hídrica: se fija un plazo de hasta 24 meses para realizar los estudios técnicos completos que definan las obras necesarias para garantizar la seguridad de las represas ante la máxima crecida probable, asegurando así el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de hace 16 años (2009).
