Neuquén Patagonia - República Argentina
Fecha de inicio 28 de abril de 2006

Prevenir mayor daño

Odiar es el ejercicio renovado nada menos que del presidente de la Nación apoyando la versión adjudicada a un supuesto “asesor” sin cargo oficial de apellido Caputo. Ataca abiertamente a quienes no coinciden con sus expresiones y acciones que llegan a proteger, encubrir o justificar a quienes actuaron, por ejemplo, en el intento de asesinar a la ex presidenta de la Nación.

A las personas no se las asesina porque están sospechadas de acción ilícita. Se las denuncia con pruebas válidas, se formaliza el proceso con defensa en juicio que también deberá aportar pruebas de sus dichos. Finalmente, despojada de toda parcialidad o inquina, la jaeza del caso dictará la sentencia.

Absuelto o condenado, el encartado tendrá el derecho de apelación hasta agotarse las instancias de las partes, y finalmente proceder a la sentencia firme y definitiva. SI el proceso se ajustó a Derecho, fin.

Caso contrario esas partes actuarán en consecuencia en el marco de la Ley. No se amenaza ni asesina a nadie y menos por razones políticas en Democracia. El procedimiento del exterminio fue aplicado en la dictadura cívica militar con resultados conocidos.

Ejemplo lamentable pero válido: al sospechado de oposición al régimen golpista, se lo secuestraba, torturaba y según decisión, desaparecía o lo tiraban al río de la Plata desde un avión. Eso no es Justicia, y no se debió ni debe aplicar a quienes piensan diferente o se oponen políticamente a ciertos actos de gobierno, agravantes de la cuestión soberana y social.

Las imágenes de quienes quieren olvidarlas o ignorarlas son claramente evidentes para calificar el intento de magnicidio.

Antes, vimos las bolsas mortuorias frente a la casa de gobierno y la guillotina en la plaza pública destinada a personas de un sector político.

Supimos del encargo de unos muebles a personas que reconocieron no saber de carpintería que recibieron el pago de familiares directos del Ministro Luis Caputo, que tras varios meses, alegó que era falsa la acusación de las amenazas y la acción extrema del intento que todavía la jueza Eugenia Capuchetti no define evidente grado de culpabilidad. Arma de por medio, imágenes y declaraciones contradictorias de una pareja allegada a todos estos antecedentes que citó nombres identificatorios.

A todo esto el ministro de Economía Caputo, dice que es una “boludez mundial”, y que los periodistas que opinaron sobre el caso “son una basura humana”. Amnesia sobre quién es Jonathan Morel, y su relación con la empresa “Caputo Hnos” con 16 facturas emitidas por servicios requeridos. Morel reconoció que Rosana Caputo que contrató a la carpintería que debió registrarse en AFIP y su primera factura fue a nombre de los Hermanos Caputo.

El “Cuerpo de Contadores Oficiales” ratificó estos antecedentes y constató cifras millonarias, por los supuestos muebles enviados desde la provincia de Buenos Aires al Neuquén. Todo congelado con más la protección del grupo “Revolución Federal” que integra el mencionado Morel que también se adjudicó públicamente ser el portador de la guillotina a la plaza.

¿Quiénes mienten en este proceso sospechado de protección judicial y quién merece el calificativo ofensivo mencionado por el ministro? Y si esto es insuficiente, ¿qué se debe entender con eso de odiar más aún a los periodistas porque no fue suficiente?

Vale reconocer que hay otras situaciones graves con miles de personas sufriendo el efecto de la motosierra, pero las reiteradas amenazas a periodistas también deben ser difundidas para evitar que la censura bajo amenaza; se convierta en un recurso cotidiano para silenciar opiniones devenidas del razonamiento y no del odio o la violencia.

También es oportuno cerrar la nota con las expresiones del presidente Milei, alegando “No odiamos lo suficiente a los periodistas” a lo que agregara “la gente no odia lo suficiente a los periodistas”. Calificaciones ofensivas y amenazas públicas son más que suficientes para que la autoridad judicial intervenga evitando males mayores con abuso del poder  estatal, que recuerda los procedimientos considerados juicio mediante, como delitos de lesa humanidad.

Compartir este artículo: