Los EEUU de Norteamérica tienen antecedentes, que en este caso es preferible llamarlos prontuario; intervenciones ideológicas, operativas y financieras de una diversidad de golpes de Estado, mayormente provocados en el continente americano.
En la actualidad, tenemos el hecho reciente generado por el presidente Donald Trump, de amenazar al gobierno y al pueblo de Canadá, con sus intenciones de anexar el para convertirlo en el Estado N° 51, dependiente de la Casa Blanca.
En simultáneo expresó amenazas similares para Groenlandia, Panamá, México, Colombia y Cuba.
Tema que en estos días fue renovado motivo de alerta por un eventual ataque invasor, tras la avanzada armada sobre Venezuela, tal lo considerara el primer Ministro de Canadá, Mark Carney; o Thomas Homer-Dixon investigador, politólogo, autor e investigador en temas relativos a la escasez de recursos en aumento, al cambio climático, a la seguridad global, y otras variantes importantes relativas a la situación política y social en el Mundo.
Volviendo a la situación en Venezuela, la cuestión ha generado una indisimulada preocupación en diversos países dentro y fuera del continente americano, sumándose las consideraciones de quien se desempeñara como fiscal de la Corte Penal Internacional; Luis Moreno Ocampo, actualmente destacado profesional especializado en los Derechos Humanos.
Fiel a su trayectoria, al abordar la situación, aseguró que la intromisión militar de parte del gobierno de los Estados Unidos en la República Bolivariana de Venezuela, reviste un carácter rayano a un golpe de Estado con trascendencia mundial.
Consideró que “La carta de las Naciones Unidas no sirve más. Hace un aporte al mundo porque no engaña a nadie. Dicen que van a tomar Dinamarca. Venezuela es un ejemplo para lo que puede pasar en Dinamarca. El mundo vive un momento de terremoto”. Asimismo recordó que la acción militar referida constituye “un delito que se definió en Nüremberg donde el fiscal norteamericano dijo que lo más grave es lanzar una guerra. La guerra genera crímenes”, siendo un tema incluido en un texto emitido por la Corte Penal Internacional.
La cuestión genera varias controversias y entre ellas, la que define que dicha Corte debería intervenir en casos en que el país agredido sea integrante de la misma pero, el agresor también. Por este detalle pareciera que no habría intervención formal, porque según interpreta Moreno Ocampo, “Inventaron una fórmula para que ese crimen nunca se pueda investigar. Porque la Corte interviene cuando se cometen crímenes en países miembros de la Corte, pero pusieron como requisito que también lo fuera el Estado agresor”.
A esto agregó que “En 1945 se aprobó la Carta de las Naciones Unidas, donde dice que se respetan las soberanías de las naciones. Cuando se aprueba, había 60 países. Hoy hay 193, se triplicó el número de países porque se terminaron las colonias. La evolución fue importante, pero no se crearon instituciones independientes. Y se le dio el poder al Consejo de Seguridad de la ONU para manejar la paz internacional. Y se le dio a los cinco países que habían ganado la guerra el poder de veto”.
Situación que da lugar para que el profesional advierta que se trata de “Un sistema que no tiene igualdad. 2009 fue el pico del orden mundial y la caída, porque el caso Libia dividió aguas. Me parece que el Consejo de Seguridad no está funcionando, porque depende de que los países más grandes estén de acuerdo, y no están de acuerdo”.
Abundando en antecedentes mencionó la existencia de fisuras de corte legal citando que “La novedad fue después, con la creación de una Corte Penal Internacional, donde no hay veto. El fiscal, y yo fui el primero, tiene la autoridad de elegir a quién investiga y procesa. Por eso se convirtió en un enemigo para Trump. Tenemos que entender que hay que proteger la Corte Internacional”.
Como en otros casos prevalecen aspectos de la dominación ejercida por países que han ganado contiendas armadas en el mundo y por ello, lograron establecer normas condicionadas a sus criterios generando situaciones que violentan el/los verdaderos derechos sin distinciones que no deberían estar bajo dominio de aplicación de una reducida casta de gran poder geopolítico.
