Neuquén Patagonia - República Argentina
Fecha de inicio 28 de abril de 2006

Parecerlo y serlo

Atendiendo la vigencia de la ley específica, hubo novedades sobre el control del consumo de “sustancias prohibidas”, por parte de funcionarios del Estado neuquino.

El gobernador del Neuquén, Rolando Figueroa, dio el primer paso en el tema permitiendo realizarle el control toxicológico, como lo indica la norma legal, y como deberán avenirse

tras la sanción de la ley que obliga a funcionarios de los tres poderes del Estado a realizarse este tipo de exámenes. El proyecto fue aprobado en general y por mayoría por los diputados provinciales.

El gobernador ya se había pronunciado a favor de esta legislación, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del primero de marzo, donde aseguró que sería el primero en someterse al control, también los titulares de los poderes Legislativo y Judicial; ministros, legisladores, magistrados, fiscales, defensores, intendentes, concejales y consejeros de la Magistratura, los secretarios, el fiscal de Estado y el asesor general de Gobierno; como así también autoridades de organismos autárquicos, empresas estatales y entes de control.

La norma legal establece sobre los resultados, se cumpla con la confidencialidad, privacidad, proporcionalidad, no discriminación, protección de datos, derecho de defensa y debido proceso. No obstante se supone que hay autoridades que determinen el correctivo ante casos positivos, de personas que no debieran continuar en el cargo.

Cumplido el examen de resultado negativo Figueroa destacó “me parece muy positiva esta medida que han tomado los legisladores, que quienes ocupamos cargos públicos, quienes tenemos cargos de altísima responsabilidad, procedamos a hacer este tipo de estudios y pruebas, y que, por supuesto, le den tranquilidad a la sociedad respecto a nuestra salud”.

El informe recuerda que el gobernador en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias; refirió la adhesión a la Ley de Desfederalización del Narcomenudeo, que autoriza a la Policía y a la justicia provincial intervenir “con mayor rapidez y eficiencia en la lucha contra el narcotráfico”.

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