El gobierno anarco capitalista que encabeza Javier Milei, suma otro atropello y abuso de poder ante la comunidad nacional y en particular, ante los neuquinos y rionegrinos, que, a través de los Estados provinciales, son titulares del recurso renovable que constituye el agua.
La hidroenergía sin agua no existiría y sin embargo por décadas, estas provincias fueron generadoras del flujo eléctrico que brindó, brinda y brindará calidad de vida a los argentinos y a otros residentes en el país. En un par de días vence el plazo establecido para ganar tiempo distrayendo a las autoridades provinciales hasta llegar a esa jornada de llamado licitatorio; para presentar ofertas por la explotación de dichos recursos provinciales, mediante el proceso generador a partir de las represas, que sin el agua serían monumentos silenciosos e improductivos.
Represas que no están en ninguna otra provincia porque el agua está en el Neuquén y en Río Negro, indiscutidos propietarios del recurso. No obstante, como frente a otros preceptos constitucionales, el gobierno de Milei atropella derechos y quiere que los gobiernos de Figueroa y Weretilneck compren acciones (posiblemente no más del 10 %) al precio de mercado, si es que quieren participar en el negocio a costa del agua de la Norpatagonia que fluye en los ríos Neuquén y Limay. Milei le da nuevamente la espalda a la institucionalidad ignorando a las provincias como autoridad competente, y hace gala de su provocación y atropello cual monarca.
Al parecer los reclamos y propuestas de parte de los gobiernos provinciales no han sido escuchados y todo va camino a un nuevo conflicto provocado desde la casa rosada, más centralista que nunca su ocupación.
Además, lejos de la versión sobre que los gobernadores Figueroa y Weretilneck quieran apropiarse de estructuras generadoras de hidroelectricidad, prevalece el derecho provincial a partir de la potestad del Estado provincial respecto de los recursos naturales, existe la clara competencia para que el gobierno nacional respete lo establecido por la Naturaleza y ratificado por la Constitución Nacional que en su Artículo 124 consigna el “dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, talo los casos del Neuquén y Río Negro.
No hay mucho más que analizar salvo, que se trata de un nuevo atropello de un gobierno nacional en desmedro de los intereses y derechos provinciales. Al parecer el gobierno nacional, es decir el presidente Milei y sus allegados en la materia incluyendo empresarios y funcionarios, quieren ampliar a costa de las provincias, su enriquecimiento no sólo con la explotación de las instalaciones y el recurso referido, sino también mayores beneficios respaldados por la política de libertinaje en materia de tarifas que manejaría por tres décadas con alternativa a 20 años más por ampliación concesionaria.
Veremos cómo y cuando se produce el desenlace por el que los gobiernos provinciales estarían decididos a iniciar demandas judiciales en defensa de los derechos naturales cumpliendo con las obligaciones de su representatividad otorgada mediante el voto popular. Postura que, de concretarse, marcaría la gran diferencia con la línea nacional de espaldas a la sociedad renegando de los Derechos vigentes que el estado debe respetar y de hecho proteger para las respectivas garantías.