La publicación en “Ámbito” da cuenta de que lo del acuerdo ARG/EEUU es cuestión de más tiempo del que sicológicamente han generado con la difusión oficialista.
En medio de los secretos y reservas también se comprobó que las advertencias sobre la eventual legalidad deberían ser respetadas. En particular las dudas sobre la conducta de Milei y equipo de cumplir con la Constitución Nacional y sí girar al Congreso los actuados sobre el tema.
En parte del texto publicado por el diario referido, reproduciendo la original del Financial Times, reza que “Estados Unidos ha anunciado acuerdos comerciales marco con Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador, en un intento del gobierno de Trump por reducir los precios de los alimentos para los consumidores estadounidenses. Al igual que con los otros países, primero se hace un anuncio de que se ha alcanzado un acuerdo, más tarde se firma el acuerdo en sí, que tiene distintos componentes, y hay instrumentación posterior”.
Claro está que debe haber un proceso de evaluación desde la visión responsable de los Poderes del Estado argentino, ya que son diversos los aspectos o componentes que se desconocen salvo trascendidos, incluyendo lo más conocido que refiere los aranceles al comercio exterior.
Se incluyen también rubros como las regulaciones, servicios de salud, regímenes laborales, el negado por Trump medio ambiente y de hecho la propiedad intelectual que constituye una herramienta de poder histórico para los Estados Unidos.
Reflexionando sobre las normas vigentes y sin aventurar los cambios que pretendan los sectores intervinientes; destacan que “Hay compromisos que requieren cambios legales y ratificación de tratados internacionales, que serán remitidos desde luego al Congreso”.
Justamente la protección de la propiedad intelectual, amerita la intervención del Congreso Nacional y por ende, dijeron las consideradas fuentes oficialistas, “serán enviados”, a dicho espacio. “Algunos de los compromisos, que serán detallados en el acuerdo, que requieren reforma legal, lo cual también deberá ser tratado por el Congreso”.
En este apartado vale aclarar que todos los contenidos deberán ser evaluados por los legisladores nacionales y no sólo los que seleccionen desde el Ejecutivo; ya que el tenor del supuesto acuerdo está sujeto a la aprobación del Poder legislativo sin exclusiones o excepciones y menos aún, las temibles “cláusulas secretas” que por su calificación si existieran, seguramente que encerrarían intereses anti nacionales.
