En el Congreso de la Nación hay diversas conversaciones respecto de los proyectos de ley tales como el financiamiento de universidades que ya motivara diversas movilizaciones adversas al gobierno; la emergencia en pediatría que tienen como objetivo las partes por la defensa y el ataque al Hospital Garrahan, sin olvidar el veto de Milei ,que en el Senado Nacional rechazaron, a la ley de emergencia devenida de los daños por tormenta e inundaciones en Bahía Blanca. Esperan turno también las cuestiones planteadas por los gobernadores sobre los Aportes del Tesoro Nacional, otros fondos y de hecho el impuesto a los combustibles.
Mientras tanto corre el plazo de 10 días que tiene el presidente Milei, para vetar las dos leyes relativas a la moratoria previsional Ley N°27.792 que amplía su vigencia por dos años, haberes jubilatorios más actualización del bono a $110.000 Ley N°27.791 y la emergencia relacionada con la asistencia a personas que padecen discapacidades Ley N°27.793.
Tanto Milei como Francos aseguraron la aplicación del veto, e incluso si el Congreso lo rechaza habría decisión (verbal) de apelar judicialmente. También ratificó esa postura en reiteradas entrevistas. El otro camino que el oficialismo había sugerido era el de judicialización, aunque ese camino lo buscarían si el Congreso rechaza primero el veto con los dos tercios necesarios.
Ley 27.791 define un aumento en los haberes de los jubilados del 7,2 % pero además, el giro de fondos adeudados por la ANSES a las provincias que mantienen su caja jubilatoria, tal el caso del Neuquén.
Una vez más habrá intento del Ejecutivo de negociar con los gobernadores, aunque media la posición originaria que diera lugar a los resultados legislativos, adversos para el gobierno pero bien recibidos por sus respectivos destinatarios.
El cambio de posiciones desde las provincias haciendo legar a los pedidos de Milei/Caputlo, significaría al margen de eventuales compensaciones, un fracaso de corte político que algunos observadores ven como negativo en el año electoral.
Pero si los gobernadores sostienen la postura originaria de sus demandas con respaldo Ley, la derrota política sería para el gobierno nacional fortaleciendo las comprobadas fuerzas provinciales frente a la avanzada violeta anunciada por los hermanos Milei, respecto del octubre electoral.
