Para Milei, el presidente que amenazó con denuncias judiciales a los legisladores; lo fundamental es mantener la macro economía y el resto lo resuelve el mercado, que en realidad es el mayor ausente a la hora de invertir en obras para el desarrollo estructural, salvo grandes negocios.
Es un criterio propio del presidente que dio la espalda a las provincias sin medir consecuencias económicas y por ende sociales.
Un verdadero verdugo de las economías regionales que va pulverizando progresivamente por el sólo hecho de imponer disciplina temerosa. La que Milei llama “orden” aunque está muy lejos de serlo ya que la realidad exhibe el desastre económico, comercial y por ende laboral. No hay mucho que buscar sino salir a la calle y entrar a los comercios incluso los más tracticos como los supermercados, que ya no tienen ni siquiera personas que lo tomaban como un paseo.
Salir un fin de semana en familia tipo implica para un trabajador promedio poner en riesgo el dinero para las compras básicas y el colectivo de la semana laboral. Paradoja que impone laburar para pagar servicios. Nada queda en la familia del común denominador gracias a las restricciones que han vaciado el poder adquisitivo.
Todo sea para exhibir la falsedad de un superávit inentendible cuando dependemos de una deuda impagable por la que el FMI y asociados, van a provocar estragos en no muchos años. Y eso es lo que los que piensan a su favor, insisten en que el presidente está generando cambios. Sin duda que lo ha hecho pero son horrorosos para el bolsillo popular.
El futuro es casi negro si vemos los números de ese cambio. Ejemplo con el BID que en 3 años prestará U$S 10.000 millones aunque ya le estamos debiendo entre capital e intereses U$S 7.500 millones. Cuál es el beneficio de otro préstamo más allá de aumentar la deuda.
Si lo es para los intermediarios que se llevan importantes comisiones. Habría que ver quiénes son esos gestores, no sea cosa que veamos como ya ocurrió, algún funcionario asociado a esa empresa gestora que luego distribuye ganancias por servicios cuya gestión; se presta para calificarla de asociación ilícita pero no como la que inventan para criticar adversarios.
