La jueza federal Martina Forns (Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº2) hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la conducción del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA); ordenando la suspensión por 6 meses la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
Situación que fuera provocada por decreto N° 461/2025 del presidente Javier Milei invocando la Ley Bases N° 27742, agregando la disponibilidad de más de 9000 Km de rutas para que sean licitadas con posterior aplicación de peaje. En principio de mantenerse dicho decreto, intervendría Ministerio de Economía y a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
La jueza Forns aclaró que la Ley Bases no otorgó facultades delegadas autorizando en este caso el cierre de un ente autárquico, que cuenta con ley de creación desde hace más de 90 años. Además consideró las implicancias que podría acarrear dicho cierre, provocando “traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales” en este Ente que requiere autonomía para cumplir con sus funciones específicas que involucran nada menos que el cuidado necesario de 40.000 kilómetros de rutas en el país, y el respeto por el Derecho laboral previsto en los convenios colectivos de trabajo, con plena vigencia, de unos 5.500 trabajadores.
En este aspecto consideró que “Toda disposición administrativa que altere o desnaturalice tal garantía convencional que rige esta actividad, constituye una afectación directa al principio de irrenunciabilidad de derechos consagrado en el artículo 12 de la LCT, siendo nula de nulidad absoluta conforme lo establece el artículo 7 del mismo cuerpo normativo”.
