Previo vale destacar que, en materia de inteligencia de Estado, oficialmente en la actualidad, rige el decreto 941/2025, reflejando el autoritarismo del poder Ejecutivo Nacional, ampliando las llamadas facultades de los integrantes de la SIDE, que pueden detener a las personas sin intervención previa del poder Judicial.
Asimismo en ese mismo sentido desde la entidad determinan el uso e intercambio de información y datos personales de quien se les ocurra por mera sospecha de espaldas a los controles de legalidad.
Mientras tanto y tras el cambio de integrantes del poder Legislativo, elecciones mediante, han diluido la Comisión de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso Nacional; por lo que no es posible ante la falta de integrantes confirmados, se trabaje en lo específico que es relativo al control del Sistema de Inteligencia Nacional, con seguimiento de su administración económica, planes de acción, acciones devenidas del mismo y la aplicación de las garantías constitucionales.
En septiembre de 2025 la hoy inexistente Comisión Bicameral del Congreso Nacional, había expresado su observancia y rechazos a varios de los contenidos propuestos por el Ejecutivo, para el Plan de Inteligencia Nacional; especialmente por el libertinaje de acciones ilegales facilitando investigaciones por fuera de la legalidad, contra dirigentes sociales y políticos, periodistas, y cuanto opositor apareciera señalando inconveniencias del llamado “plan económico”.
Dichos contenidos fueron obviamente redactados por autoridades de la SIDE con el absoluto respaldo de la entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ha dejado diversos malos ejemplos de autoritarismo y aplicación de violenta represión según criterio de la autoridad interviniente, de manera consecuente con las pautas ordenadas para aplastar las manifestaciones adversas a los efectos de la economía deshumanizada.
Ante la adversidad observada y la posible resistencia en el avance institucional; Congreso Nacional mediante, Milei y autoridades competentes decidieron dar marcha atrás con el proyecto y de allí la supuesta aplicación de correcciones en el texto original.
Habrá que esperar a que se concrete la conformación de la referida Comisión Bicameral, y conocerse el informe de los legisladores, devenido del análisis del texto sujeto a dicha supervisión.
