El proceso administrador que sostiene y busca profundizar el gobierno nacional, confirma que se desestiman diversas necesidades sociales amenazadas directa e indirectamente con reducción o quita de financiamiento.
No es novedad este modelo de la gestión libertaria, pero la persistencia y avance hacia mayores restricciones, ratifica el reclamo de la responsabilidad que el gobierno abandona, en desmedro y negación de las políticas que el Estado debe respetar y ejecutar, según el mandato constitucional.
Milei, Luis Caputo y Sturzenegger, principales operadores contra el Estado argentino, ya advirtieron que habrá más ajustes por las crecientes dificultades económicas. Cae la recaudación por el desequilibrio económico, se resignan impuestos provenientes del gran capital y los números no cierran.
Por ello de paso incrementan costos del consumo diario que pagan los que menos ganan, pero aún así desesperan por la falta de credibilidad denunciada por los grandes bancos internacionales.
No obstante la paradoja por ejemplo, del JP Morgan que festeja el rumbo del gobierno, y a la vez observa atentamente como aumenta la mora de los usuarios del sistema financiero. Estos aspectos no son ocurrencias politizadas sino conclusiones ante una escena nacional que exhibe al aumento de la crisis social, que se ve en zonas en las que no existían esos ejemplos.
La crisis impulsa éxodos inter provinciales de familias agobiadas por las necesidades insatisfechas, a las que se les dificulta encontrar soluciones donde antes las encontraban sin mayores demoras. Es la desgracia de una competencia entre personas empobrecidas que se multiplican cada día.
La macro economía en Argentina no ha corregido el daño social provocado por las restricciones, el cierre de miles de empresa y la falta de trabajo.
El modelo expulsa más personas de las que favorece, y la transformación de Milei, necesita 40 años para corregir la inequidad.
