El gobierno nacional a través del jefe de gabinete, Guillermo Francos, amenazó con una denuncia judicial al diputado nacional Santoro y a Mauro Federico, periodista del programa de streaming “Carnaval”.
Hecho que después amplió Bullrich contra Jorge Rial y otros.
El motivo deviene de los audios en los que el ex abogado de Milei, Spagnuolo, efectúa una serie de denuncias que comprometen a diversos funcionarios incluyendo nada menos que a la hermana del presidente, que ocupa el cargo de secretaria general de la presidencia.
Lo que llama la atención es que si desde el gobierno reconocen que los audios eran de Spagnuolo, porqué alegan que existe falsedad ideológica en los contenidos. Urge conocer la razón de haber echado a Spagnuolo y a Garbellini si las versiones eran falsas.
Si salió Garbellini colaborador de Karina, debió salir ella y Lule Menem. Se espera la investigación judicial sin demora para evitar pérdida de pruebas y posibles cómplices; de una movida de alta sospecha delictiva con las compras que incluirían las ya famosas coimas porcentuales que atribuyen a funcionarios nacionales, sin perjuicio de la repartija de la que se dice se realizaba en las filas inferiores de lo que parece una gran asociación ilícita.
En este tema con varios funcionarios del gabinete nacional, Patricia Bullrich quiso intervenir; aunque luego nos enteramos que las operaciones comerciales y posibles coimas incluyeron al laboratorio y al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).
La ministra desapareció de escena hasta ayer que repitió amenazas y pidió allanamientos en domicilios de periodistas.
Agrego al PRO/LLA diputado Santilli que calificó de impresentable a Spagnuolo por no informar pero tampoco demostró falsedades de los audios. Nadie lo hizo y vale pedir al juez Casanello y al fiscal Picardi que apuren el trámite y que los hermanos Kovalivker, demuestren porque hay que declarar la nulidad absoluta de la causa.
