La Argentina tiene Constitución Nacional y leyes complementarias que establecen la institucionalidad y el respeto por los poderes del Estado. Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un orden que incluye una ley, su obligatorio cumplimiento o aplicación ejecutiva, o su revisión legal en caso de contradecir dicha Constitución.
Y no sólo se trata de normas de convivencia sino de administración fiscal para garantizar el acceso a los servicios públicos, que en definitiva constituyen derechos de la persona humana. La institucionalidad comprende normas de conducta morales, éticas, y limita el modo de actuar de las personas, sin beneficio por desempeño de cargos públicos. Igualdad ante la ley a la hora de la rendición de cuentas por un delito civil o gubernamental.
Los agravantes dependerán del rol del actor. Por ende desprestigiar a los legisladores nacionales desde el Poder Ejecutivo es un acto que daña el sistema democrático. El presidente se desempeña habitualmente como si no existieran los otros Poderes o por lo menos el Legislativo, negando el valor de la ley y abusando del poder de veto que está a consideración de los legisladores para su limitación.
Por abuso se ha llegado a la revisión del poder desmedido, afectando derechos relativos a la salud infantil y a la educación superior. Tema que impulsara el presidente en su afán de no invertir en entidades estatales y que esos dineros sigan desapareciendo al extremo de cómo dicen en la Universidad Di Tella llegar al borde del default. En simultáneo el gobernador del Neuquén ratifica su postura desde el gobierno y refiere, “Que hoy desde Neuquén se escuche bien fuerte el grito: los neuquinos valoramos la universidad y la educación pública”.
Además anunció la gestión para construir un hospital de pediatría. Ejemplos entre otros que marcan diferencias que deben entendidas para no repetir la zoncera de que “son todos iguales”. Por ello hay que valorar el diálogo respetando las diferencias políticas, que el centralismo libertario castiga.
