Nuevamente en el Senado Nacional se decidió rechazar el castigo del gobierno central a las instituciones estatales de gran importancia para la sociedad. Sin perjuicio de otras organizaciones muy necesarias para el desarrollo productivo que también recibieron el apoyo legislativo, contra los embates del Ejecutivo encabezado por Javier Milei, en esta oportunidad finalizando la jornada del jueves 21 de agosto, se sancionaron dos leyes trascendentes.
Se trata de las normas sobre el Financiamiento Universitario y la antes negada Declaración de Emergencia del Hospital Garrahan de indudable referencia nacional. Situaciones de injusticia para la educación superior y la asistencia pediátrica, soslayadas y afectadas por el criterio economicista absurdo y contrario a los intereses de la comunidad.
Se sabe según expresiones del presidente Milei, reiterando su desafío a la racionalidad y las ofensas injuriosas contra quienes no comparten estos y otros actos brutales, que aplicará los vetos respectivos. A ellos, seguramente en el próximo período (2026) la oposición repetirá las acciones con la posibilidad de que desde la presidencia ya no existan alternativas de rechazos.
Situaciones indignantes de quiénes deben trabajar en función de la sociedad y no a favor de los negociados financieros tras endeudamientos que justifiquen los posteriores enjuagues, mientras que el país de los argentinos y argentinas, y no de un sector político, fue progresivamente endeudado, y desarticulado en sus sistemas productivos y de consumo.
Pero ocurre que estamos bajo el rigor de un gobierno auto definido exclusivista del poder, que no acata las decisiones del Congreso Nacional, incurriendo en delitos que el poder judicial debería evaluar sin esperar órdenes de ningún sector.
Ocurrió que a pesar del apoyo legislativo reiterado contra los decretos destinados a desarticular y cerrar organizaciones estatales como el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el Instituto Nacional de Semillas y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INV INASE INTA), el Ejecutivo pasó a disposición nada menos que a 367 trabajadores de dichos institutos, demostrando su rebeldía contra los procedimientos del Estado de Derecho, que una vez más atropella, cual arcaica monarquía anti democrática.
A esta situación se agrega el antecedente relativo a lo resuelto por la jueza Martina Isabel Forns (Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2) respondiendo al pedido de una medida cautelar de no innovar protectora de los trabajadores. La magistrada había dispuesto aceptar la solicitud para “evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”. Por ende solicitó al Ejecutivo Nacional “que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación del decreto N°462/2025” estableciendo un plazo de 6 meses.
