La reforma laboral impulsada por Javier Milei está generando reacciones que no son sólo respaldos. Diversos sectores ya se han manifestado en contrario y adhieren a cuanta convocatoria surja en el sentido adversario de la pretendida norma legal.
Diversas organizaciones sindicales, políticas y de asuntos sociales ya habían manifestado observaciones y rechazos de diversa índole previéndose una movilización en ciudades de la Argentina para el 19 de diciembre.
Con similares criterios en el ámbito judicial se manifestaron adversos a los contenidos violatorios de normas legales vigentes y de la propia Constitución Nacional, ante la posible violación de derechos que datan de largo tiempo en consonancia incluso, con normas internacionales a favor de ese derecho laboral.
Por un lado desde la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas se posicionaron advirtiendo que el contenido del proyecto es anti constitucional.
Lo hicieron a través de un escrito en el que destacan que la entidad “expresa su profundo rechazo al nuevo proyecto de Reforma Laboral denominado LEY DE MODERNIZACIÓN LABORAL mediante el cual se propicia la modificación y derogación de múltiples normas de derecho individual, procesal y colectivo del trabajo que consagran las principales protecciones normativas de las personas que trabajan”.
Asimismo el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, advirtió la competencia de un juez sin importar su jurisdicción, según la Constitución Nacional, está en condiciones de declarar la invalidez de cuanta norma legal que sea motivo de revisión, interpretación, aplicación o rechazo.
Acto seguido podría intervenir la Suprema Corte y su decisión demorarse por años. Instancia por la que el magistrado explicó que “El control de constitucionalidad en la Argentina es un control que los constitucionalistas llamamos difuso. Eso no significa que después no pueda ser ordenado por una jurisprudencia de la Corte, pero lógicamente lleva su tiempo”.
Desde estos conceptos claramente que la pretendida reforma laboral cuyo proyecto se tratará en breve y con muy poco tiempo, en el Congreso Nacional, puede ser suspendida en diferentes sedes judiciales, estableciendo antecedentes opuestos que en definitiva, puede llegar a tratar la Corte.
Rosatti entre diversos aspectos de los procesos de legalidad recordó que “El 60% de las causas que nosotros resolvemos provienen del Estado que cuestiona en materia previsional lo que la Corte ya dijo cómo es. ¿Sabe lo que significaría para nosotros tener 60% de trabajo menos y no decir siempre lo mismo? Y decimos siempre lo mismo”.
