Neuquén Patagonia - República Argentina
Fecha de inicio 28 de abril de 2006

Derechos controlados

Con un clima anti estatal, anti popular, anti federal y en casos anti constitucional; provocado por Javier Milei aprendiendo “de los Estados Unidos e Israel”, Patricia Bullrich, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, bajo control del FMI, en Argentina hay intranquilidad. Pesa lo económico, financiero y el endeudamiento de los gobiernos neoliberales, restricción de inversiones y negación del Estado presente, responsable y democrático.

A los pedidos de seguridad jurídica de los grandes empresarios grandes concentradores de la riqueza restada a la sociedad sufriente; el gobierno nacional restringe también el Estado de Derecho. Es lo que se interpreta y denuncian profesionales del rubro, legisladores nacionales, dirigentes políticos, sociales y del ámbito artístico, frente a la novedad que persigue profundizar el Decreto N° 383/2025.

Requisas y ciberpatrullajes policiales y otras fuerzas sin orden judicial, para amedrentar la acción política, el protagonismo social y el trabajo periodístico en redes sociales. Ya lo hizo Milei personalmente contra dirigentes y artistas; e incluso apresando a una persona opinando en “X”.

Mucha libertad vociferada y más libertinaje para los capitales sospechables sin explicación alguna. A final, vemos que era para disimular la coacción del gobierno, la limitación de aumentos salariales paritarios, restricciones económicas a provinciales, suspensión de obra pública abandonando servicios que el Estado debe prestar, y remates políticos contra un gran sector multisectorial, no sólo peronista, para avanzar con el yugo economicista para bien de pocos entre los que se ubica el FMI.

Este miércoles 18 fue la jornada de concentración en la plaza de Mayo en apoyo a Cristina Fernández y en rechazo a las políticas de agobio social con destrucción de la producción y el comercio nacional. La presencia “millonaria” de personas que no lograría otro dirigente en el país, puede definir el futuro tras el error político de un gobierno tal vez arrepentido, de forzar la sentencia revisionista de la previa del mismo caso sobre inexistencia de delito.

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