Se dice que el 51 % de las acciones de YPF que la jueza Prieska ordenó trasladar a los grupos buitres Eton Park y Burford Capital, las cotizan en U$S 6300 millones. Según cálculos del juicio sin los intereses, poco más del 30 % de un capital de U$S 16000 millones.
Petersen vendió acciones por U$S 15 millones, declarándose en quiebra no pagándole (supuestamente) a REPSOL lo que habían negociado en previa. Datos previos al fallo en 2023. Avanzado el caso supimos que la Cámara de Apelaciones de Manhattan, con la intervención del juez Steven Menashi respondiendo favorablemente a la Argentina; impuso la suspensión del fallo de Prieska, estableciendo un plazo abierto para rever antecedentes, a partir de que dichas acciones no pueden ser entregadas si no lo aprueban los dos tercios de las Cámaras del Congreso Nacional.
Trump había anunciado que apoyaría a la Argentina en el caso. Menashi fue designado por el presidente de los EEUU, y regentea el proceso en el que liberó de culpa a YPF, y ahora las partes deberán cumplir con los procedimientos de estilo hasta que se llegue al momento definitorio de eventual acuerdo económico, descartando la suma reclamada por excesiva.
Grosera síntesis del proceso YPF de mayoría accionaria estatal que exhibe acoso, artimañas y aspectos legales para las partes y no sólo a los buitres. Juicio por excluir al resto de los accionistas tras pagarle a REPSOL, que amerita la explicación de los actores originales.
Necesario ante las críticas politizadas contra la recuperación de YPF para el Estado, que no fue delito. Se debió haber litigado, salvo mejor información, con el resto de los accionistas. Hoy YPF es la mayor inversora en la formación Vaca Muerta. El gobierno nacional debe cumplir en el proceso legal, protegiendo el patrimonio estatal sin el falaz argumento privatista. Sin Estado no hay sociedad organizada y sí reinado de la peligrosa anarquía, que gobierna de espaldas al pueblo de la Nación.
