El odio y la violencia de los discursos y declaraciones expresadas por el gobierno nacional, fue y es de semejante volumen que hasta el juez de la Suprema Corte, Rosatti, advirtió sobre dicho efecto. Violencia desaconsejable en este tiempo de condicionamientos económicos y sociales, que se aplica también en las calles con efectivos de fuerzas de seguridad, con palos y bombas de gas.
Rigor a la adversidad calificada de izquierda, zurda, kirchnerista u otra tontería, para descalificar posiciones políticas que claramente odian, como lo hacen con el Estado y la pisoteada Constitución Nacional. Raro que no descalifiquen textualmente al peronismo. Tal vez sea porque algunos que lo eran se sumaron a la corriente neoliberal, vaya a saber a cambio de qué, sin perjuicio de lo que se sospeche como razón.
Decisiones que generan bronca pero la que ha golpeado en la paciencia y cierta parálisis en la oposición, es la avanzada contra las leyes de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. Normas que fueran rescatadas del yugo de los vetos mileistas con el pleno funcionamiento del poder legislativo.
No obstante desde el Ejecutivo dejaron correr el tiempo y las cajonearon hasta la jugada repulsiva de no incluirlas en el nuevo proyecto que las deroga, incluyendo el ajuste automático para las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo y el sistema de zonas frías.
Decisiones deshumanizadas que suman repudio al atropello a la institucionalidad, médula de la Democracia en la que debe prevalecer el mutuo respeto entre Poderes. No sólo hay violencia verbal, hay atropellos arbitrarios, que sin duda generan mucho más que molestias y pueden provocar respuestas acordes a dicha violencia por aquello de la acción y reacción, según la “Física”.
Afortunadamente la mayoría de los diputados le dieron la respuesta salvadora a dichas normas y evitaron el abuso oficialista dejando las leyes vigentes, que deberá promulgar y publicar de una vez por todas, aunque se enoje el presidente.
