Está visto que el sistema judicial favorece la extensión de plazos y procesos que vistos por fuera del entretejido de chicanas y abusos de las partes frente al Derecho; dan cuenta de interminables postergaciones.
En este caso pasó bastante tiempo desde las primeras declaraciones de Diego Spagnuolo, amigo/asesor del presidente Javier Milei; citando datos sobre el submundo existente dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El exfuncionario aseguró que existían cobros de dinero a modo de coimas en el comercio medicamentoso, dejando una estela a la que se logró en parte diluir, gracias a los plazos y el silencio sobre la causa judicial. La acusación estuvo dirigida a funcionarios y a empresarios, claramente relacionados con la actividad de los laboratorios del rubro.
Pasaron meses sin que los actores iniciales fueran convocados por autoridades judiciales; mientras que el tema dejaba de estar presente en medios de prensa, mayormente limitados a la comunicación de novedades que no abundaron.
Incluso se escucharon algunas voces desde el gobierno intentando restar importancia a un tema al que llegaron a calificar de politizado; sin comprometer opinión alguna incluso de sus propios empleados.
Sí, luego, se formalizaba el despido del mencionado Spagnuolo, de Daniel Garbellini del espacio de “Acceso a Servicios de Salud” y de otros funcionarios. La decisión no generó la inmediatez del proceso, generando no pocas sospechas de alguna connivencia o “favoritismo” y Spagnuolo, era intocable.
Hoy no se habla de lo que asegurara Spagnuolo mencionando a Karina Milei y al cercanísimo Eduardo /alias Lule/ Menem, como actores directamente relacionados con las referidas coimas.
Llegó luego la insalvable prohibición de salida del país dispuesta por el juez Sebastián Casanello, que además ordenó secuestros del celular del mencionado y otros elementos de uso supuestamente personal.
También se activaron las intervenciones del personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, reteniendo documentación referida a compras y licitaciones de medicamentos; entre los 14 allanamientos incluyendo a las sedes de la Droguería Suizo Argentina y de la ANDIS.
Uno de los nombres más referidos del sector empresario fue el de Emmanuel Kovalivker, copropietario de la empresa Suizo Argentina, a la que el denunciante relacionó con los negociados referidos. Casualmente el empresario fue detenido cuando se disponía a salir de la empresa en su automóvil, portando unos “$7 millones” y unos “U$D 266.000”, siendo motivo de secuestros su teléfono celular y su pasaporte.
Concretamente el corrupto espíritu delictivo imperante demostró otra realidad hasta el momento protegida; ya que no es una acción espontánea, sino premeditada, cuando se trata de enjuagues y actos contables o comerciales delictivos. Nuevo uso del Estado con fines marginales, indebidos y claramente delictivos.
Mientras tanto el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, impulsaban las rutinas investigativas en medio de un escándalo imposible de ocultar, a pesar del silenciamiento de algunos medios de prensa trascedentes.
Los antecedentes constatados refieren operaciones comerciales por $ 100 mil millones que relacionan entre otras, a las máximas autoridades de los ministerios de Defensa y Seguridad, con adquisiciones directas de medicamentos oncológicos, inmunosupresores y logísticas, según los informes del momento.
En simultáneo con los negociados se recordaba que unos 100 personas discapacitadas que debían ser subsidiadas por el Estado perdían su condición, por efecto de los recortes de dinero con finas asistenciales ordenados por el gobierno nacional, que además, amenazara con llevar el número de quitas de pensiones a los 400000. Personas que previamente eran descalificadas en su condición, ofendidas y discriminadas aludiendo inexistencias de las limitaciones propias de dichas personas.
Se creó e intervino la “Comisión investigadora” en el Congreso Nacional brindando un informe que se diluyera en la densidad del expediente; y finalmente el referido juez Sebastián Casanello decide procesar por “asociación ilícita” a Diego Spagnuolo y a 18 acusados; mientras se continuaría con nuevas indagatorias; asegurando que “En esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”.
Además refirió que la tarea investigativa dio lugar a la reconstrucción de “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.
Para Casanello definitivamente la ANDIS “fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.
No obstante todo indica que se trata de un procedimiento de largo aliento del que se esperan mayores datos tras las declaraciones de los procesados, y del análisis del material que obra en poder de los encargados de la investigación judicial.
