El abogado Cúneo Libarona hace unos dos años y medio aproximadamente, ante cámaras de televisión, comentó que a propósito de la inexistencia de pruebas condenatorias contra Cristina Fernández. Por entonces refirió que se había reunido con autoridades en materia de Derecho para intercambiar consideraciones sobre el llamado caso “Vialidad”.
En ese tiempo la conclusión fue que la ex mandataria nacional no tuvo relación ni intervención alguna, en el proceso que se investigara con abundantes intentos para demostrar culpabilidad. Por ende, decía Cúneo, que tampoco había motivos para insistir en sostener la existencia de asociación ilícita, no sólo impulsada en el proceso sino respaldada y difundida de manera reiterativa por algunos medios de grupos corporativos.
En la oportunidad el actual ministro de la cartera judicial, también destacó la tarea de la Defensa de CF que, a pesar de los rechazos y negaciones a pedidos de revisión o comprobación de pruebas presentadas, logró un desempeño valorable.
Transcurridos los años transitamos la jornada del 10 de junio de 2025, imaginada por algunos como definitoria para que los integrantes de la corte suprema, dicten sentencia condenatoria sobre el caso. Para algunos, que Cristina Fernández sea apresada será un triunfo y gran satisfacción, pero para muchos otros, constituiría según multiplicadas expresiones y manifestaciones, una decisión injusta, equivocada y posible causante de un atentado contra La Democracia, mediando la indisimulable proscripción también advertida hasta desde los espacios del ejercicio judicial.
