Hoy 16 de abril vence el plazo para que la Defensa de la docente Ana Contreras, presente su apelación ante el Juzgado Contravencional de la Segunda Circunscripción Judicial de General Pico -La Pampa-; a cargo del juez Maximiliano Boga Doyhenard. El trámite deviene del proceso judicial previa denuncia de un padre 2 alumnas, de quien se reservan datos personales en lo que supone una preservación que no alcanzó a la docente en cuestión. La razón interpuesta en la denuncia contra Contreras; tras un año de proceso, refiere el reclamo por haberse incluido en la tarea docente, referencias sobre las acciones penadas por delitos de lesa humanidad, producto del accionar de autoridades y efectivos militares y policiales durante la dictadura cívico militar encabezada por Rafael Videla (Derechos Humanos y Terrorismo de Estado en Argentina).
Antecedentes que cuentan con abundante comprobación que desencadenara en el juicio a los integrantes de la junta militar golpista y otras autoridades de facto, condenados a prisión perpetua en casos, por los referidos delitos de lesa humanidad. Así como en el mundo se ha incluido en los planes de enseñanza antecedentes de diversas dictaduras y gobiernos autocráticos de neto corte dictatorial, es lógico que el hecho referido y obviado por el juez actuante, sea considerado como material de información y estudio, sin que se haga lugar a intervenciones de quienes apoyen los procesos del terror y crímenes citados.
En todo caso el servicio judicial debería intervenir ante posturas anti democráticas que tienden a evitar la trascendencia y docencia sobre los desgraciados antecedentes sufridos por el pueblo argentino mediando uno de los tantos golpes de estado perpetrados contra la Constitución, respectivas autoridades democráticas y de hecho contra los Derechos del pueblo argentino.
Una historia lamentable que ni siquiera nace en 1976 sino que tiene otro de los atroces antecedentes en el bombardeo a la Plaza de Mayo y edificios estatales, contra el gobierno de Juan Domingo Perón. Así se iniciaba un derrotero pro golpista que soportó el pueblo argentino y que dejó claros ribetes de funcionamiento en un Estado en el que rigen incluso algunas leyes de la dictadura citada. Lamentablemente el juicio contra la docente Contreras, desembocó en una sanción de carácter penal más una multa de $1 millón.
El informe además de difundir el caso refiere la situación padecida por la docente refiriendo que “La figura utilizada para imponer esta pena fue la de “maltrato psicológico”, una herramienta legal creada para proteger a víctimas en situaciones de abuso o dependencia, ahora desvirtuada para censurar contenidos curriculares y debates fundamentales en el ámbito educativo. Esta reinterpretación abre un precedente gravísimo: cualquier contenido sensible o controversial podría ser judicializado, atentando directamente contra la libertad de cátedra y el derecho a la formación ciudadana crítica”. Cierra el texto difundido advirtiendo que “La educación pública no puede quedar a merced de la censura ni de intereses particulares que desvirtúan los valores democráticos. Esta sentencia contradice los principios consagrados en la Constitución Nacional, así como tratados internacionales que garantizan la libertad de expresión, de pensamiento y de enseñanza.” 04 16 25
