Los hechos evidencian incoherencia y negación de los Derechos.
Así confirman la criticada doble vara para medir y desvirtuar situaciones. Un año de reclamos y varias sentencias judiciales indicando al gobierno nacional que debe cumplir con el imprescindible presupuesto universitario.
Ante los reclamos multisectoriales Javier Milei y Luis Caputo exigen a los legisladores indicar de dónde tomar el dinero para tal fin. La Constitución Nacional ya lo prevé como una de las obligaciones del Estado.
Es el gobierno nacional el que administra y debe establecer la disponibilidad sin decretar en contrario a la Ley. Lo de la educación universitaria es un eslabón de la cadena de incumplimientos como con el servicio de salud, el derecho laboral, el salario digno, la equidad, el sistema previsional para el futuro de los que aportan con cualquier modalidad, el equilibrio del mercado con el que han terminado de destruir la economía de bolsillo también omitida.
Pero, cuando se trata de compromisos por deudas con el sector empresario, buscan y rebuscan violando sus propias reglas, y emiten bonos en pesos a corto plazo. Papeles del Estado que indican emitir, esa plata que le negaron a la sociedad durante la gestión libertaria.
Y si no necesitaran emitir a fin de octubre 2026 y en enero y abril del 2027, que procedan de igual modo con el financiamiento universitario incluyendo los retroactivos de acuerdo a los fallos judiciales.
¿Estamos o no en un Estado de Derecho?
Para todo citan el equilibrio fiscal sin medir el daño social y eso, también es anti constitucional y los jueces, fiscales y la Corte Suprema con los dos conjueces, deberían corregirlo.
Incoherencia ante las obligaciones del Estado que usan para beneficios selectivos, buscando como destruirlo le cueste a quien le cueste, según los chismes, aunque sea el otrora mejor ministro de Economía.
