Los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, que representan a Cristina Kirchner en las causa conocidas como “Vialidad” (con condena) y “Cuadernos”; confirmaron en conferencia de prensa que presentarán nuevas pruebas. (NOTA A LA ESPERA DE MAYORES NOVEDADES)
Previamente en julio de 2026 efectuaron la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, refiriendo la vulneración de garantías políticas y la finalidad de impedir la participación como candidata en las próximas elecciones de 2027.
En esta jornada Beraldi afirmó que “Estabámos convencidos que la verdad iba a salir a la luz… La imputación es falsa”; mientras que Valim, aseguró que “No hay ningún fundamento fáctico para condenarla”.
En lo que calificaron como “Información de relevancia” comentaron que el empresario Lázaro Baéz, no recibió beneficios excepcionales a través de ninguna de sus empresas, de los Fondos del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte. Asimismo consideran que fue violado en 8 instancias el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los letrados afirman también que “El proceso tuvo como finalidad la proscripción electoral. La condena perseguía impedir su candidatura en futuras elecciones, la inhabilitación perpetua constituye una restricción indebida de sus derechos políticos”.
“Se atribuyó la responsabilidad de actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente” mientras que la sentencia “se basó en la firma del Decreto 54/2009, todavía vigente” agregando lo que ya fuera advertido en cuanto a que “se impidió una adecuada defensa”.
En otro orden y con igual finalidad de demostrar lo injusto del procedimiento citan que las empresas de Lázaro Báez según el análisis de la “Evolución de los desembolsos del Presupuesto Nacional RA 2009 a 2015” de Rafael Valim; recibieron sólo el 1% de los recursos, cuando otros grupos empresarios, relacionados con el primo de Mauricio Macri, participaron del 16% de los fondos referidos.
Argumentos que contrastan con la afirmación sobre que con el fideicomiso habrían beneficiado a las empresas de Báez.
La defensa también reclamó por el recupero a favor de Cristina Fernández, en cuanto al Derecho de participar en las elecciones, ya que la inhabilitación perpetua vulnera sus derechos políticos y evidencia el fin ilegal de impedir dicho ejercicio ciudadano.
