Mediante Decreto N°868/26 se establecieron sanciones a empresas; que se detallan, en base a contenidos suministrados a través de Google:
– “Inhabilitación absoluta para operar en Argentina: Se prohíbe de manera directa o indirecta la actividad comercial en el territorio continental a las empresas infractoras, extendiendo la inhabilitación (que la ley fija entre 5 y 20 años) tanto a las operadoras principales como a sus accionistas, directores y proveedores”.
– “Exclusión del Régimen de Incentivos (RIGI): Ninguna empresa que incurra en estas actividades ilegales en las islas podrá beneficiarse del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Para garantizar esto, se incorporó la obligación de presentar una declaración jurada en los trámites hidrocarburíferos que certifique el cumplimiento de las leyes de soberanía argentina”.
– “Juicios en ausencia: Se habilitará la aplicación de la ley de juicio en ausencia para los directivos y corporaciones extranjeras involucradas que desconozcan la jurisdicción nacional.”
– “Detección temprana y bloqueo logístico: Se dispuso una mayor articulación del Estado para detectar empresas de servicios y de seguros que asistan al proyecto colonial, forzándolas a elegir entre operar de forma segura y rentable en Argentina (como en Vaca Muerta) o arriesgarse a sanciones por cooperar en Malvinas.”
