Otra de las causas que exhibe continuidad, para unos demasiado lenta y para otros, con avances importantes, es la conocida como “Viento Sur”.
En la misma se investigan responsabilidades por disponibilidad indebida de fondos públicos por parte de personal del Estado provincial (Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo) y terceros ajenos al ámbito; considerándose la relación, a priori, como de carácter ilícito.
Los fondos en cuestión fueron estimados en poco más de $1.200.000.000 y su movimiento se dispuso entre los años 2022 y 2023.
La novedad sobre el caso refiere la solicitud de parte del Ministerio Público Fiscal, en cuanto a continuar la audiencia de control de acusación y de ese modo poner punto final a la investigación para dar paso a la etapa de juicio.
Los antecedentes dan cuenta del involucramiento de los que fueran ministros durante el gobierno de Omar Gutiérrez; Germán Chapino y Abel Di Luca; como así también tres imputados y otros tantos partícipes necesarios en lo que se ha calificado como “delito de administración fraudulenta”.
Asimismo surge de las averiguaciones, el haberse constatado el soslayo de observaciones o rechazos de parte de la Contaduría General de la Provincia, respecto de liquidaciones incompletas o improcedentes, incluso, con falta de documentación contable que respalde los pagos efectuados a favor de la cooperativa Viento Sur.
Resta la decisión respondiendo a la solicitud de inicio del efectivo juicio contra los mencionados, teniéndose en cuenta que serían citados unos 80 testigos.
