El Gobierno nacional traiciona la nacionalidad y viola la soberanía.
La autorización del Gobierno nacional a favor del buque de bandera inglesa con radicación en la isla de Man, ubicada entre Gran Bretaña e Irlanda, que depende de la corona británica pero consideran “autónoma”; constituye un claro acto de violación soberana, como así también la sumisión ante el invasor que ha ocupado las Islas Malvinas.
Si algo se pensaba faltaba conocer respecto de la interpretación de la potestad y de la soberanía argentina, con esta autorización de parte del gobierno nacional, hay que descartarlo y definitivamente repudiar este permiso incomprensible, favoreciendo la avanzada militarista pergeñada entre Gran Bretaña y los EEUU; sin perjuicio de que en este caso; se trate de un buque de transporte de petróleo.
No fue casualidad la intervención nacional en el puerto de Ushuaia, Tierra del Fuego, atropellando la autoridad provincial, y hoy, se comprueba una de las tantas posibles razones de semejante decisión.
No olvidemos la situación existente en lo geopolítico, por la ocupación de las Islas Malvinas, y además por la visita en el 2024 de la generala Laura Richardson y su reemplazante Alvin Holsey al año siguiente, a dicha provincia, para evaluar o conocer el espacio en el que se construiría una base militar de los EEUU.
Frente a las Islas Malvinas y a la Antártida ese asentamiento es la llave de ingreso a una zona estratégica, que Milei y su equipo entrega a los piratas históricos.
Dicha situación motivó que gobierno encabezado por Gustavo Melella comunicara que: “Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego (las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes), una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial”.
El antecedente indica que en el buque VS Promise, se debieron cargar según la capacidad de transporte, unos 500.000 barriles de petróleo. La operación se realizó en la terminal de Río Cullen, al Norte de la provincia de Tierra del Fuego.
Con esta autorización emitida a través de autoridades de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dependiente del Gobierno nacional que había intervenido el puerto, se violan los preceptos de la Ley Provincial N°852; que desde 2011 prohíben “la permanencia, el amarre y el abastecimiento de barcos con bandera británica en puertos fueguinos, en rechazo a la ocupación del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur”.
El gobernador Melella también refirió su absoluto rechazo alegando que “la operación de un buque petrolero de bandera del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el Puerto de Ushuaia, actualmente sustraído de la administración provincial como consecuencia de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), cuya legalidad ha sido cuestionada por la Provincia ante la Justicia. Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego (las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes), una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial”.
COMUNICADO TEXTUAL DEL GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO: El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur repudia y rechaza enérgicamente la operación de un buque petrolero de bandera del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el Puerto de Ushuaia, actualmente sustraído de la administración provincial como consecuencia de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), cuya legalidad ha sido cuestionada por la Provincia ante la Justicia.
Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego —las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes—, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial.
La gravedad del hecho resulta aún mayor por las circunstancias en que se produce. El Gobierno nacional pretendió justificar la intervención del Puerto de Ushuaia invocando, precisamente, su carácter de activo estratégico y la necesidad de resguardar la soberanía y los intereses nacionales en el Atlántico Sur. Hoy, los hechos dejan al descubierto la contradicción entre aquel argumento y la gestión que el Gobierno Nacional lleva adelante una vez desplazadas las autoridades provinciales.
En suma, se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio y el puerto de Ushuaia en particular.
Ushuaia constituye un punto estratégico de primer orden para la Argentina: por su ubicación, por su proyección sobre el Atlántico Sur y por su condición de puerta de entrada a la Antártida, ocupa un lugar central en la defensa de nuestros intereses soberanos y en la presencia argentina en el extremo austral. Las decisiones que se adopten respecto de su puerto no pueden desentenderse de esa realidad geográfica, constitucional y geopolítica.
La defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes no admite dobles discursos ni contradicciones. Constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, y un mandato esencial para todo el pueblo argentino en general y para las autoridades de Tierra del Fuego conforme a la Constitución Provincial, en particular.
Por ello, el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: Reclama al Gobierno nacional que informe de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación de una embarcación de bandera de la potencia que ocupa ilegalmente parte del territorio provincial en el Puerto de Ushuaia.
Exige el cese de la intervención y la inmediata restitución a la Provincia de la administración de su puerto, sin perjuicio de las acciones judiciales ya promovidas contra una medida que consideramos ilegítima y lesiva de la autonomía provincial.
Advierte que Tierra del Fuego no permanecerá indiferente frente a decisiones adoptadas unilateralmente desde el poder central que comprometan sus competencias, sus recursos y los intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Su.
Convoca a todos los poderes públicos, fuerzas políticas y a la ciudadanía a defender el carácter estratégico del Puerto de Ushuaia y a impedir que la defensa de la soberanía nacional sea reducida a una mera declaración retórica.
La Provincia continuará defendiendo, por todos los medios institucionales a su alcance, sus competencias y los derechos soberanos de la República Argentina en el Atlántico Sur.La soberanía se ejerce en todos los ámbitos posibles y no se defiende desplazando a Tierra del Fuego del control de su puerto estratégico para después administrarlo de espaldas a los intereses soberanos que se invocaron para intervenirlo.”
