El viceministro de Economía, José Daza, destacó el cambio de calificación de Argentina que comunicó la empresa Moody’s que, junto con sus pares Fitch Ratings y S&P Global Ratings, decidieron recategorizarla pasando el concepto de “estable a positiva”.
Aprovechando el hecho comentó que “Nos hemos fijado como objetivo que, de acá al 2031, Argentina entre en la categoría de Grado de Inversión, es decir, la categoría más segura, que dejaste de ser un país con riesgos de insolvencia, así como Paraguay, Perú o Chile. El mensaje para los inversores es que esta vez es diferente, hay un cambio estructural de largo plazo positivo para la Argentina”.
Asimismo refirió que “lo que implica es que se reduce el costo del crédito para la Argentina, para todos los argentinos, para la gente, para las empresas y para el Gobierno”.
También destacó que desde el FMI se coincidió con dicho criterio agregando que las finanzas “no están atadas al ciclo político de corto plazo y ven un cambio de dirección muy importante para la Argentina”; agregando que “ya están los brotes verdes”.
Otro aspecto que sorprende entre las expresiones de Daza es la que indicara que “constantemente escucho en Argentina que todos dicen que las elecciones políticas están asociadas a crisis financieras, del tipo de cambio. Mi mensaje es el siguiente: las elecciones, en Argentina como en ninguna parte del mundo, generan crisis. Lo que genera crisis son los desequilibrios macroeconómicos”.
Términos que resultan en casos paradójicos, frente a la baja del nivel económico que se registrara en abril y mayo de 2026, poco tiempo antes de que este funcionario, su jefe directo y el presidente, reiteraran que la situación había cambiado y comenzaba la etapa de progreso y desarrollo.
Algo que parece olvidaron haberlo dicho en varias oportunidades previas durante la gestión, y que el tiempo fue demostrando que no fue así. A esta caída de la economía, podemos agregar que el famoso déficit fiscal cero también fue burlado, tan solo por haber tenido que pagar el medio aguinaldo a los empleados estatales, y por ese detalle que suelen silenciar, que se llama deuda con el FMI por la que cada tanto, deben pagar al menos los intereses para evitar que el default existente salga a la luz.
Sino fuera así no veríamos que cada 15 o 30 días, emiten bonos para renovar vencimientos de pagos que no cancelan, multiplicando dicha deuda de manera extraordinaria, y más que nunca impagable.
A pesar de estas realidades, el ministro de Economía comunicó las novedades del proyecto de ley modificatorio a menos de un año de la sanción originaria; mediante las que dicen mejorarán los beneficios para grandes empresarios a los que les ruegan que blanqueen los dólares, que guardan en sus respectivas cuevas, evadiendo obligaciones ante el Estado.
Les prometen en este sentido que podrán corregir las declaraciones juradas que objetaran desde la ARCA, que tendrá mayores limitaciones para investigar; y que gozarían de alguna protección al menos hasta diciembre del 2027.
Después se verá, sobre todo, si llega al gobierno otra versión política que haga cumplir las normas que hoy fueron y que serían violadas con un mero fin recaudatorio para juntar dólares, con destino al pago de algún compromiso con el FMI.
