Cada día trascienden y luego se confirman situaciones de corte sospechoso por eventuales existencias de dolo relacionadas con funcionarios nacionales, especialmente los que integran la conducción del Poder Ejecutivo.
Intercalado aparecen acciones de gastos cotosos contradiciendo el mensaje del presidente Milei, en cuanto a su decisión de aumentar las restricciones para controlar la inflación. O al menos evitar que se disparen los registros.
Tanta es la crisis y sin embargo el expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que el gobierno argentino envió aviones “Hércules” con material represivo para utilizar contra las numerosas movilizaciones que se han multiplicado en Bolivia, repudiando la gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira.
Mientras tanto se cocinan diversos casos judiciales entre los que se incluye el reguero de excesos económicos de Manuel Adorni.
La política económica prioriza cuestiones financieras y da la espalda a las obligaciones de corte social que la Constitución indica.
Y entre tantas situaciones injustas que generan reclamos espontáneos en la sociedad, desde la presidencia de la Nación repiten actos contradictorios con el precepto austero que por lo visto, sólo se aplica en los sectores de variadas necesidades.
En este caso aparece de nuevo la persona de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que por la iniciativa de la diputada nacional, Marcela Pagano, originalmente del mismo palo político que el del gobierno, debió postergar su ocurrencia de licitar por $ 7000 millones, el servicio de mantenimiento y riego de espacios verdes de la Casa Rosada y de la Quinta presidencial de la ciudad de Olivos (Bs As).
a Justicia federal le exigió al Gobierno que entregue de inmediato el expediente completo de una millonaria licitación firmada por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. El contrato, valuado en 700 millones de pesos, buscaba tercerizar el mantenimiento preventivo y el riego de los espacios verdes en la Casa Rosada y la quinta de Olivos, pero una denuncia encendió las alarmas por una presunta maniobra de competencia simulada entre empresas amigas.
Pero no sólo que el intento implicaba una importante erogación de dinero de parte de un Estado en pésima situación económica, sino que las dos empresas oferentes, pertenecerían a un mismo grupo económico.
Son las firmas “La Mantovana de Servicios Generales SA” y “Grub SA”, que pertenecen al “Grupo Buena Vista SA”, tal lo confirmara tiempo atrás la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, a través del dictamen IF-2024-105621660-APN-CNDC#MEC.
Otra picardía que evidencia a modo de prueba, la existencia de procederes reñidos con la legalidad, por los que el fiscal federal Ramiro González, requirió al juez Sebastián Ramos que solicite toda la documentación del caso identificado como Licitación pública N° 23-0005-LPU26, como paso siguiente a lo que se interpreta como un procesamiento penal; previa evaluación del expediente que debe enviarse desde la Casa Rosada, y posibles avances o ejecuciones operativas.
La diputada Marcela Pagano acusó a Karina Milei de cometer ”delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función e incumplimiento de sus deberes”, por no evaluar la oferta especulativa que afectaría el interés del Estado Nacional.
Pagano previamente había denunciado a Manuel Adorni, y a su hermano Francisco Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito al conocerse sobre adquisiciones inmobiliarias y viajes al exterior de alto costo. En el caso de la Secretaria General de la Presidencia, la legisladora cita la existencia de la ”ficción licitatoria destinada a aparentar competencia donde no la hay”.
Habrá que esperar que el juez Ramos recibirá y evalúe el expediente ya solicitado al Ejecutivo Nacional, y a la vez que el fiscal actuante decida o no impulsar la imputación a Karina Milei; interpretándose que con seguridad se procederá a ampliar la investigación en base a los antecedentes documentales.
