Pero en este caso se trata del diputado Francisco Adorni, hermano del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuya causa judicial está a cargo del juez federal Sebastián Casanello con el desempeño inicial en lo investigativo del fiscal Guillermo Marijuan.
A solicitud del juez desde el Banco Central requerirán a los bancos y empresas financieras información sobre eventual existencia de registros a nombre de Francisco Adorni; de cajas de ahorro, cuentas corrientes, plazos fijos, transferencias, tarjetas de crédito, depósitos en efectivo, cajas de seguridad, e incluso antecedentes de compra y venta de divisa extranjera.
Similar requerimiento se efectuó a la ARCA, como continuidad de la denuncia efectuada por la diputada Marcela Pagano, a partir del supuesto “presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni” y por posible lavado de dinero.
La legisladora considera que el referido Adorni, “habría tenido lugar en el lapso de tiempo en que se viene desempeñando con funciones en el ámbito ejecutivo nacional”, cuera era titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y a partir de junio de 2025, a cargo del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
Marijuan había referido que Francisco Adorni “no registraba antecedentes públicos de trayectoria en la función pública nacional ni patrimonio compatible con la incorporación de bienes registrables de alto valor en plazos breves”.
Originalmente había declarado a la Oficina Anticorrupción el 50% de una vivienda en City Bell cotizada en $38.790.000 y el 50% de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017 de un valor de $5 millones; bienes y dinero por $43.790.000 y “ninguna suma en concepto de deudas”.
No obstante el fiscal observó que en la DDJJ de 2025 se informó un patrimonio neto de $80.500.000, que fuera respaldado por la compra del 50% de una Jeep Renegade 2020 por $8 millones, agregándose el pago total de un crédito hipotecario por unos $60 millones ante el Banco Provincia.
Marijuan también refirió que “incluso asumiendo una capacidad de ahorro extraordinaria del cien por ciento (100%) del salario percibido, el flujo disponible en el período resultaría insuficiente para explicar la cancelación en un breve lapso de 12 meses de un pasivo hipotecario por aproximadamente 60.000.000 de pesos”. Además incluyó el pedido de un “detalle pormenorizado de la totalidad de los pagos imputados a la cancelación del referido crédito durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026”.
También se espera recibir información de parte de la UIF, IGJ, registros de propiedad inmueble, automotor, aeronaves y buques, compañías aseguradoras y empresas de envío de dinero. En dicho requerimiento desde el Ministerio de Defensa deberán entregar el legajo completo de Francisco Adorni, antecedentes de designación y de haberes desde 2023. En simultáneo solicitaron a la Oficina Anticorrupción declaraciones juradas patrimoniales públicas y sus anexos reservados.
