Los abusos del poder de facto o con respaldo electoral, si accionan con los recursos del Estado contra personas, pueden ser considerados delitos de lesa humanidad. No lo impide el tiempo, lo sostienen la memoria y la obligatoriedad de aplicarse la Justicia en su máximo alcance.
En oportunidades valoré los procedimientos judiciales contra dictadores y asesinos abusivos del poder estatal, cuyo máxima referencia fue la dictadura cívico militar eclesiástica encabezada por Rafael Videla y el destructor económico Martínez de Hoz. Ellos, otros ideólogos y ejecutores de todos los niveles, del nefasto “Plan Cóndor”, fueron y son pasibles de los cargos por delitos de lesa humanidad o contra los Derechos Humanos.
Y si referimos la memoria como recurso imprescindible para sostener el “nunca más”, reitero en ello, que los responsables del bombardeo a la plaza de Mayo en 1955, merecieron la misma calificación y procesamientos. Todos los beneficiados con eso de “cosa pasada” y la pérdida de memoria; de quienes incumplieron con la obligación institucional de procesar a los asesinos, torturadores, fusiladores, perseguidores y dictadores.
Referentes de la anti soberanía nacional, sátrapas verdugos que abusaron de las armas y la infraestructura del Estado, para imponer la dominación, el terror y el exterminio de personas a partir de las bombas contra civiles en la histórica plaza, buscando también la muerte de Perón.
Iniciaban un proceso marginal, ilegal y terrorífico que incluyera por ejemplo, el fusilamiento en los basurales de José León Suárez (Bs As), por el que existe una causa judicial que deseo referir, gracias a los descendientes de aquellas víctimas del horror encabezado por el golpista dictador Pedro Eugenio Aramburu, secundado por el horrendo criminal Isaac Rojas.
Favorecidos aunque muertos, por la complicidad de la jueza Vence que aplicó el retraso de uno de los tantos casos que reclama Justicia, ante la responsabilidad del Estado utilizado por los criminales de lesa humanidad y colaboradores.
