A través de un modelo gubernamental que se niega estar a Derecho cuando corresponda, es decir, siempre, por tratarse de cosa pública; la gestión de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, goza de un paraguas protector más que llamativo de parte del presidente de la Nación.
Hicieron falta 8 fallos en 2024 para que se presten a informar sobre el uso arbitrario de alimentos y otros rubros. En realidad fue un gesto porque pasaron los meses y la situación es muy grave para las personas abandonadas. Impunidad para los responsables de distribuir en tiempo y forma estos recursos respondiendo a las urgentes necesidades sociales, agravadas por la acción deshumanizada del gobierno nacional.
Dijimos desde OP que era evidente que guardaban esos recursos para la campaña electoral y así lo hicieron. La justicia irresponsable lo dejó pasar y recién ahora aparece la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, para decir lo sabido desde el origen del delito de privación de asistencia social. Agregan como mero informe que ni siquiera se sabe qué entregaron ni a quién.
Aun así desde la Justicia no establecen responsabilidades; sin exigir la inmediata entrega de alimentos para saciar el hambre. Nada menos. Se protege el cumplimiento de deberes de funcionarios públicos y se soslaya de manera inhumana la tremenda e necesidad.
El juez federal Sebastián Casanello se limitó a informar a la SIGEN y a la Oficina Anticorrupción, y el desprotegido sigue sin asistencia.
Se agrega a la rascada burocrática que nuevos papeles se agregaron al expediente judicial.
Lo concreto es que nada cambió tras un año largo de franelas que no paliaron el hambre, permitiendo la persistencia de la impunidad inaceptable, que hace tiempo debió ser corregida mediando las sanciones que la ley establece para estos casos de abandono de personas, víctimas de un proceso repetitivo de los gobiernos neoliberales; destacados por su deshumanización.
