La llegada de un militar a la cartera de Defensa de la Nación, Carlos Presti, jefe del Estado Mayor General del Ejército; rompe el pacto social de 1983, con los militares a sus asientos naturales; y los civiles electos al gobierno con sus gabinetes. No es adecuado que un militar integre un gobierno civil ni que se politice la profesión militar. Se desnaturaliza el equilibrio constitucional.
Qué significa esta designación tras la salida en diciembre del ministro del área, Petri, y de Patricia Bullrich que ha militarizado las acciones de seguridad en el ámbito urbano, sin razones de peligro de la paz interior, como solían decir en tiempos de golpismo y sus atrocidades.
Las que motivaran los juicios por delitos de lesa humanidad, verdadero modelo para el mundo de la legalidad y la Democracia. Tampoco el uniforme militar no debe ser relacionado en Democracia, con acciones de facto delictivas por naturaleza. La inclusión de un militar en un gabinete civil contradice los Principios o Derechos ciudadanos, sociales o comunitarios.
El militar es un profesional al que la Constitución Nacional le impone condiciones exclusivas de su formación, para defender la soberanía integral del territorio nacional, cumplir y/o conducir la formación y la preparación para acciones militares, y el respaldo a la sociedad civil ante emergencias o catástrofes climáticas.
El Gobierno de los tres Poderes debe velar por esa soberanía sin acuerdos contra la independencia política y económica del país.
El uniforme militar de la Nación debe cuidarse y respetarse en el marco del Estado de Derecho; como a la libertad sin libertinaje y con independencia de los Poderes del Estado.
Un efectivo militar no debe ejercer cargos públicos por fuera de su formación, y las fuerzas armadas no deben intervenir en lo que le compete a las fuerzas específicas, sujetas todas a los Derechos Humanos. Condición a respetar por las autoridades constituidas de la República Argentina.
