El gobierno nacional con el libreto de Donald Trump en sus manos rescata medidas previstas en la Ley Bases y sale a jugar sus mejores armas que son las peores para la sociedad. Reformas por las que ejercen verdaderas coacciones a los gobiernos provinciales, con promesas de inversiones de “grandes empresas” estadounidenses.
Bienvenidas sean si son equitativas pero sin olvidar que un abanico de necesidades sociales tremendas, está atosigando la vida cotidiana de las personas.
No hay que mezclar dichas inversiones con la dominación política armada con reformas que tienden a la quita de derechos, más allá de que las pinten de modernidad. Son falsedades porque conllevan condiciones devenidas de las antiguas políticas conservadoras, explotando al Estado para quitarle presencia reguladora; y liberar el camino a los que seguirán concentrando el poder económico.
Ratifican condiciones al sistema laboral, y al día siguiente lanzan una supuesta reforma educativa, en la que el Estado pasaría a segundo plano y la familia se haría cargo primordial de la educación de sus hijos. Las familias no están preparadas para brindar educación formal a nadie. Atosigadas por necesidades económicas tampoco lo harían por falta de tiempo. La profesionalidad docente, como otras, no debe menospreciarse ni reemplazar por un voluntarismo sin conocimientos especiales.
Esas familias están formadas por personas que han recibido una educación empobrecida con matices de una modernidad que no aportó más conocimiento, sino la insuficiencia de contenidos y estrategias básicas en un país en el que esa familia; es obligada a una vida injusta.
Faltan recursos y quieren pauperizar más aún la economía de consumo y con ello, la recesión que puso en marcha el círculo vicioso, que les abre el camino para condicionar el salario mínimo referencial, insuficiente para la vida corriente del primer mundo, del cual, nos alejaron con discursos de falsedad absoluta.
