Por segundo año el gobierno administra miles de millones de pesos a gusto y criterio por la falta estratégica de un presupuesto. Pretextos de por medio para evitar contradicciones con el modelo político estrangulador de la economía, y así disponer de los recursos para fines no siempre ajustados a la real necesidad de la sociedad.
Sobre el tema se supo que tras el rechazo reiterado al veto presidencial en el Congreso Nacional; contra la Ley de Discapacidad, Milei y allegados razonaron y no judicializaron el tema a pesar de la amenaza previa. Falta poco para las elecciones y tratan de controlar el extremismo economicista.
No obstante el sarcasmo y el cinismo prevalecen y así fue que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos dijo “Vamos a promulgar la ley como corresponde. También es cierto que, creo que es el artículo 38 de la ley financiera que dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?“.
Facilismo para conservar la postura restrictiva e intentar pasarles la pelota a los legisladores. Pero hay un detalle, si no tenemos presupuesto actualizado cómo cuernos vamos a imputar una erogación que en este caso, además debería ser impostergable. Que el Poder Ejecutivo así como decide de manera arbitraria la disponibilidad de tremendos capitales, que lo haga en función de la Ley y de paso, se entera lo que significa gobernar en un Estado de Derecho.
Vale referir que Francos consideró vergonzosamente que decidieron, respecto de la Ley, “Reglamentarla de manera tal que no se pueda aplicar”. No es exagerado entonces decir que son cínicos y perversos.
Milei y Francos tienen la responsabilidad primera de aplicar la ley y de no hacerlo, pesa sobre ellos la denuncia por incumplimiento de funciones obligatorias.
Sobre el tema desde la cercanía política que significa el PRO (de Córdoba) advierten que “El Congreso dejó sin efecto el veto a la Ley de Discapacidad. El Jefe de Gabinete tiene la obligación de reasignar las partidas conforme a la ley. Si no lo hace, el Congreso puede interpelarlo o incluso aplicar la moción de censura del Art. 101 CN. Confío en que cumplirá la ley, más allá del fogoneo comunicacional del Gobierno”.
Situación que da lugar a decir de algunos observadores, que el freno a la Ley motivaría la remoción de al menos del jefe de Gabinete.
